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jueves, febrero 5, 2026

Acuerdo de López Obrador sobre obras prioritarias rompe con principios de transparencia

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  • El INAI interpondrá una controversia ante la SCJN porque el acuerdo puede estar vulnerando el derecho de acceso a la comunicación
  • No tiene ningún sustento, es improvisado, opina Flores Femat

 

El 22 de noviembre del 2021, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación con el cual se pretendía blindar las obras prioritarias de la autodenominada “cuarta transformación”, como el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles, brindándoles oportunidad de obtener permisos provisionales y ser clasificados como proyectos de “seguridad nacional”, con lo que el derecho humano del acceso a la información podría estarse vulnerando. 

Ante esta posibilidad, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se abocó a analizar el caso y, recientemente, decidió interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra dicho acuerdo. 

El caso se analizó en la sesión pública del miércoles 8 de diciembre, y ahí la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra argumentó que se encontraron “probables vicios de inconstitucionalidad” que debían de analizarse por la SCJN. 

El acuerdo, dijo, “se traduce en un obstáculo a la aplicación del principio de máxima publicidad, en la medida en que dificulta la difusión y entrega de información relacionada con proyectos de infraestructura sin que abra la posibilidad de realizar una valoración caso por caso”.

Cuestionado respecto a este tema, el titular de la Secretaría General de Gobierno (Seggob), Juan Manuel Flores Femat opinó que el acuerdo presidencial, hoy en entredicho, “rompe todos los principios de transparencia”, e incluso señaló que el acuerdo fue improvisado. 

El abogado de profesión recordó que en el siglo pasado una de las premisas por las cuales no se tenía transparencia era precisamente que toda la información se catalogaba como de seguridad nacional, haciendo así que el gobierno no tuviera que rendirle cuentas a nadie. 

“Bien dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla”, declaró Flores Femat, haciendo una comparación con la opacidad que en ese entonces se vivía en México. “No tiene ningún sustento improvisar que es de seguridad nacional (…) ya el INAI defenderá nuestros intereses como ciudadanos en la transparencia”, agregó. 

Desde su perspectiva, el funcionario estatal aseguró que el acuerdo probablemente inconstitucional está destinado al fracaso: “académicamente está muy superado, legalmente está muy superado, entonces creemos que el INAI va a salir victorioso en esa controversia constitucional”.

    

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