Las entidades del país han mostrado rezagos en materia de transparencia en el transcurso del último ejercicio evaluado, ya que, según Aregional, no hay información precisa sobre los recursos que utilizan para el rubro de asistencia social a grupos vulnerables, ni detallan la planeación de los ingresos y gastos para temas alimentarios, de salud y bienestar comunitario. A través de la primera edición del Índice de Transparencia del Gasto Social en las Entidades Federativas (ITG-Social), la consultoría dio a conocer que los estados no rinden cuentas sobre los recursos relacionados con el desarrollo social.
El promedio nacional de este indicador es reprobatorio, con 58.03 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos posibles. Aregional apunta que más de 50% de las entidades se concentra en niveles reprobatorios de transparencia del gasto, por no detallar la disponibilidad de padrones de beneficiarios de programas sociales. Se hace necesario en México evaluar la información sobre el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo social.
El índice se integra por seis bloques: marco regulatorio (ordenamientos jurídicos); marco programático-presupuestal (planeación de ingresos y gastos); costos operativos (acciones en servicios y demandas sociales); rendición de cuentas (actividades realizadas); evaluación de resultados (gestión de indicadores), y estadísticas fiscales. A partir de la escala de 0 a 100 puntos posible, hay tres niveles: alto (mayor a 70 puntos), medio (arriba de 60 y debajo de 70 puntos) y bajo (menor a 60.0 puntos).
En la evaluación reciente del ITG-Social, en el nivel alto estuvieron en total cinco entidades; el Estado de México se colocó en la primera posición, con 78.03 puntos, seguido de Baja California (77.95), Sonora (75.59) Guanajuato y Sonora, con 74.10 y 70.08 puntos, respectivamente.
En el nivel medio se agruparon 10 entidades, destacando Hidalgo (69.38 puntos), Colima (68.03), Jalisco (63.6) Chihuahua (63.62 puntos) y Querétaro (63.45); se caracterizaron por un buen cumplimiento en los bloques de costos operativos y evaluación de resultados.
En el nivel bajo se colocaron más de 50% de los estados (17); entre ellos Aguascalientes con una calificación de 49.83 puntos. Este conjunto, se caracterizó por presentar información deficiente en los bloques de marco regulatorio y en el marco programático presupuestal y además, presentaron carencias importantes en el bloque de rendición de cuentas.
En las últimas posiciones, con puntuaciones por debajo de 45.0 puntos, están Oaxaca (44.50), Ciudad de México (42.88), Nuevo León (39.08) y Baja California Sur (35.44).
La región se inscribe dentro de una gama de 25 lugares. Está calificada desde el nivel alto con Guanajuato y 74.10 puntos, pasando por la zona media con Jalisco con 63.63 de calificación, hasta Zacatecas con una nota reprobatoria por 45.91 puntos.
Para la OCDE, la relación que existe entre el buen gobierno y tener mejores resultados económicos y sociales es cada vez más reconocida. La transparencia -apertura con respecto a las intenciones, formulación e instrumentación de la política pública- es un elemento clave del buen gobierno. El presupuesto es el documento de política pública más importante con el que cuenta un gobierno ya que es ahí donde se plasman, de manera muy concreta, los objetivos e instrumentos de la política pública. La transparencia presupuestaria se define como la apertura total de la información fiscal pertinente de manera sistemática y de conformidad con tiempos bien establecidos.
