APRO/Gloria Leticia Díaz
En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, Amnistía Internacional manifestó su “gran preocupación” por la emisión de un acuerdo emitido el pasado 17 de diciembre, por el que se impide a los migrantes originarios de Venezuela “realizar actividades remuneradas”.
En la carta abierta, la organización internacional advierte que la decisión del gobierno de López Obrador, “puede tener graves repercusiones en la vida de las personas venezolanas que buscan protección internacional en otros países de la región, incluyendo México”.
Para Amnistía Internacional la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del “Acuerdo por el que se a conocer la aplicación de visas en pasaporte ordinarios a los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela en la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas”, pone en “riesgo el derecho a solicitar asilo de personas venezolanas”, por lo que llamó a reconsiderar la decisión.
En la carta firmada por los representantes en México y Venezuela de Amnistía Internacional, Edith Olivares Ferreto y Marcos Gómez pidieron al presidente López Obrador “reconsiderar la decisión de requerimiento de visado, así como fortalecer el sistema de asilo para todas las personas que buscan protección internacional en territorio mexicano, sin discriminación y en línea con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”.
Los defensores recordaron que “la grave crisis de derechos humanos y el agravamiento de la emergencia humanitaria” en Venezuela, obligó a seis millones de personas a huir del país en los últimos años.
Agregó que organizaciones de derechos humanos internacionales así como oficinas de la Organización de Naciones Unidas, han alertado sobre las violaciones de derechos humanos en el país gobernador por Nicolás Maduro, que llevó a la Corte Penal Internacional a iniciar una investigación formal por “crímenes de lesa humanidad”, lo que demuestra que “las violaciones de derechos humanos continúan afectando gravemente a la mayoría de la población”.
En la carta, los directores ejecutivos de la organización de México y Venezuela destacaron que la oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha calculado que siete millones de personas en Venezuela necesitan ayuda humanitaria, y estima que en 2022 puede llegar a 8.4 millones, cifra que se reconoce es imprecisa, “debido a la opacidad que existe sobre la publicación de datos estadísticos oficiales desde hace años”.
Los defensores alertaron a López Obrador que la mayoría de los venezolanos que huyen de su país “son personas refugiadas y tienen derecho a protección internacional”, como lo marcan la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados, de carácter internacional, y la Declaración de Cartagena de 1984, a nivel regional, cuyos fundamentos se han incorporado a la legislación mexicana.
“Dada la magnitud de la crisis de refugiados, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la región que permitan el acceso a procedimientos de solicitud de protección a todas las personas llegadas de Venezuela”, destacaron Olivares y Gómez.
Apuntaron que los países receptores “deben aplicar de inmediato medidas efectivas de protección a esas personas y garantizar que no sean devueltas”, por lo que, insistieron, “la imposición de visas de ingreso podría poner en riesgo el derecho a solicitar asilo de personas venezolanas”.
