La pandemia por COVID-19 profundizó las dificultades para las mujeres cultivadores de amapola de la Sierra de Guerrero, ya que no se les permitió vender sus productos en las carreteras, frenaron sus demás actividades económicas, el personal médico y de educación dejó de acudir a sus ejidos, y aumentó la violencia en el hogar, de acuerdo con el informe “Efectos del concierto por Covi-19 en la vida de las mujeres cultivadoras de amapola de la sierra de Guerrero”.
Este informe, de Equis Justicia para las Mujeres, se elaboró entre julio y septiembre de 2020, a través de una serie de entrevistas a 33 mujeres de entre 25 y 24 años de edad, residentes de Guerrero, que se dedican a las actividades de campo, entre ellas el cultivo de amapola. Las entrevistadas además tenían hijas e hijos a su cargo, la mitad estaba casada, y el resto eran viudas, separadas o solteras, y se dedicaban también al trabajo doméstico. El objetivo de esta investigación fue descubrir cuál fue el impacto de la pandemia en la vida de estas mujeres.
En el documento, Equis Justicia detalla que, antes de la pandemia, Guerrero era considerado el segundo estado con mayor pobreza, con 66 por ciento de su población vivía en esta situación. No obstante, las medidas restrictivas que impulsaron las autoridades comunitarias para controlar el contagio del nuevo virus agravaron aún más la dificultades que ya padecía la población guerrerense, como la ausencia de drenaje, luz eléctrica, agua, caminos de concreto e incluso servicios médicos, lo que provocó que en caso de una urgencia, las personas tenían que trasladarse a un hospital comunitario o transporte público sin la seguridad de que serían atendidas.
Las mujeres entrevistadas, mencionó el informe, aseguraron que a pesar de que el cultivo de amapola en la región se había convertido en una nueva oportunidad de ingresos, luego de las medidas de confinamiento, no todas se atrevieron a cultivar amapola. En el caso de las y los que decidieron sí cultivar, el gobierno mexicano fumigó sus campos y no pudieron sacar dinero de sus productos.
Otras acciones que afectó a las mujeres del campo, describió el informe, es que las autoridades comunitarias, conformadas sólo por hombres, decidieron las acciones para detener el contagio sin considerar la opinión de las mujeres, por lo que restringieron la entrada y salida de vehículos y personas, la salida de los hogares y suspendieron las fiesta patronales o actividades colectivas. Todo esto, señalaron, llevó a un severo impacto en la económica de las mujeres y de las familias.
“Nos dijeron: las medidas que se van a hacer son éstas, ustedes qué dicen, ¿sí o no?, levante la mano. Y entonces ya levantas la mano, pero ellos (el comisario y los comunitarios) ya tenían muy planchadas esas medidas, o sea, muy platicadas, y nada más se lo dicen a los que fuimos en ese momento, y ya los que pueden votar alzan la mano y así ellos certifican que lo que dijo el comisario es de manera consensuada, ¿no?”, declaró una de las mujeres que fueron entrevistadas.
En el informe se asegura que estas medidas impuestas por las autoridades comunitarias repercutieron en que las mujeres no pudieran vender sus cultivos en los carros que pasaban o sacar esos productos a las ciudades o pueblos cercanos, tampoco tuvieron la posibilidad de buscar otro trabajo. “Orita no tenemos dinero para comprar ni para vender. Ahora sí que no hay, no te compran, y pues lo único que podemos hacer nosotras es intercambiar, por ejemplo, yo tengo huevos y mi vecina tiene chiles”, dijo otra mujer entrevistada.
Estos obstáculos, se enfatizó en el informe, han conllevado a que las mujeres tengan que obligar a sus hijas e hijos a trabajar; además, en los hogares, las mujeres casadas o con pareja han sido violentadas en sus hogares, sin embargo, al buscar ayuda con las autoridades comunitarias, éstas los carean frente a frente e intentan que el problema se arregle de forma interna. “El comisario manda a traer a la persona agresora y escucha. Después los junta o hace el careo, se escuchan y trata de que el problema se arregle”, mencionó otra mujer entrevistada.
A esto se suma que todas las mujeres entrevistadas dijeron sentir angustia por los impactos de la pandemia. Algunas de sus preocupaciones son qué pasará con la educación de sus hijas e hijos, así como la ausencia de apoyo por parte del gobierno mexicano, ya que los programas sociales que proporcionan siguen sin tomar en cuenta los requerimientos de las mujeres ni el contexto de Guerrero, en particular de las mujeres que son jefas de hogar, de las solteras o viudas.
En materia de educación, las mujeres rurales mayores de 15 años han estudiado en promedio sólo 6.6 años, mientras que a nivel nacional el promedio de estudios de las mujeres es de 9 años. Entre las razones principales de abandono escolar está: no tener recursos económicos (35.4 por ciento) y unión conyugal (14.3 por ciento), según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Las mujeres entrevistadas resaltaron que los apoyos que da el gobierno se enfocan en actividades del campo, de las cuales, las mujeres no obtienen beneficios directos. “No hemos tenido ningún apoyito para nosotras, nomás (de)repente que les llega a los hombres para su milpa, pero para nosotras nada”, dijo otra mujer entrevistada.
Frente a este panorama, Equis Justicia para las Mujeres recomendó que las autoridades locales, estatales y federales hagan una intervención en Guerrero a fin de garantizar la seguridad económica de las familias por medio de proyectos de cultivo y comerciales, que incluyan a las mujeres en su diseño, atiendan las necesidades de las familias y las comunidades, y consideren la realidad local.
Además de estas acciones, dijeron, es necesario que se impulsa la participación de las mujeres en las decisiones colectivas, se atienda la violencia en los hogares, la falta de acceso a la propiedad de la tierra, se proteja los cultivos de amapola, por lo que debe redefinirse otra estrategia que no sea la fumigación, y las mujeres también sean consideradas en el desarrollo de las políticas de drogas.
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