Desde el primer día de su mandato el presidente arremetió contra las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Su actitud expresa una vieja y anquilosada concepción política. Para él, Estado y gobierno son la misma cosa.
Su posición revela que en la Universidad no estudió el marxismo de Antonio Gramsci, que planteó, desde los años veinte del siglo pasado, que el Estado estaba integrado por el gobierno y la sociedad civil.
Muestra también, que el presidente no ha leído a los distintos teóricos del Estado que desde final de la década de los ochenta plantean que el Estado se compone de gobierno, mercado y sociedad civil.
Si el presidente hubiera estudiado a Gramsci y se mantuviera al día de la nueva teoría del Estado su posición con relación a las OSC sería otra. Entendería, entre otras cosas, que son constructoras del Estado y pieza clave de la gobernanza.
Como sería también que en esa condición los recursos públicos que administra el gobierno, pero no son de él deberían también ser canalizados a las OSC, que desarrollan obras claves al servicio de la comunidad.
Como vive en el pasado y todo indica que nunca se ha renovado conceptualmente no sólo menosprecia el trabajo de las OSC y su rol político-social, sino que las quiere desaparecer.
Y para eso se ha propuesto estrangularlas al no darles recursos públicos. Así piensa que irán dejando de existir. Ese es su proyecto. De una u otra manera lo ha hecho público y ha operado en esa dirección.
Así, en lo que va del sexenio, el monto de los donativos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a las OSC se ha reducido en forma considerable con relación a los gobiernos que lo antecedieron.
En 2020 se destinaron 404 millones de pesos a las OSC, 81 % menos que el promedio anual registrado de 2010 a 2018, de acuerdo con México Evalúa.
Sólo en la primera mitad de 2021 se erogaron 95 millones de pesos en donativos, 69 % menos que en el mismo lapso de 2020 y 83 % menos que el promedio semestral de 2010 a 2018, que fue de 479 millones.
Desde 2006 hay lineamientos para que las dependencias federales puedan otorgar donativos a OSC, universidades públicas o secretarías estatales, con recursos de su presupuesto autorizado.
De 2010 a 2018 en promedio se donaron 2 mil 179 millones de pesos a OSC dedicadas a resolver necesidades sociales como violencia de género, trata de personas, atención al cáncer, entre otras.
Pero en esta Administración, el monto de donativos del Presupuesto federal para esas organizaciones que prestan un servicio fundamental a la sociedad prácticamente se eliminó.
“Parece clara la estrategia gubernamental de debilitamiento de la sociedad civil organizada. Los recortes al financiamiento de las agrupaciones ciudadanas a lo largo de esta Administración lo demuestran”, dice México Evalúa.
Entre 2010 y 2018, en promedio 655 organizaciones recibieron donativos, pero en 2019 sólo fueron 76, en su mayoría secretarías en las entidades federativas.
En 2020 y 2021 esa política no cambió y por eso mermó la creación de nuevas organizaciones: sólo 185 nuevas OSC se registraron en el Directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Es la cifra más baja desde 1993, época previa al inicio de la transición democrática de nuestro país, afirma México Evalúa.
A cambio de lo que ocurre con el actual gobierno, los donativos privados a las organizaciones aumentaron en mil 500 millones de pesos de 2018 a 2020, debido a un crecimiento de 20 por ciento de las donaciones provenientes del extranjero.
En el sector de las OSC preocupa que en 2022, con los cambios fiscales que limitarán el porcentaje de deducciones de los donativos, pueda haber menores recursos de los particulares.
@RubenAguilar
