No hay duda de que el presidente López Obrador y el empresario Daniel Chávez Morán, cabeza del Grupo Vidanta, intercambian favores con gran generosidad. Habla bien de su amistad. Eso, aunque esa estrecha relación evidencie el tráfico de influencias y el conflicto de intereses.
Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción (MCCI) sigue realizando su trabajo a pesar de las agresiones del presidente. Sus investigaciones prueban los beneficios que en estos tres años ha recibido el Grupo Vidanta de parte del gobierno del presidente López Obrador. El resultado de las mismas se puede ver completas en la página Web de MCCI.
La dada a conocer el pasado 16 febrero, trabajo de Vanessa Cisneros y Mauricio Rubí, documenta distintas concesiones de playa a Grupo Vidanta. En 2020, año en que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, comenzó a trabajar para los hijos del fundador del grupo, el consorcio obtuvo al menos 35 permisos o concesiones federales. ¿Coincidencias?
En 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concedió al grupo utilizar por 15 años más, hasta el 2035, playas en zona federal, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Un segundo refrendo es el de Desarrollo Marina Vallarta ubicado en playa Boca de Tomates, en Puerto Vallarta, Jalisco. El permiso se terminaba en 2019, pero fue prorrogado por siete años más.
Se ha concedido una tercera ampliación de concesión al grupo en Playa Diamante en Acapulco, Guerrero. Es un permiso de 15 años más que inicia en 2020 y comprende playa y zona federal marítima terrestre. Un cuarto caso es el de Los Cabos, Baja California Sur, donde se entregó el permiso para ampliar partes del Mayan Palace Regency del Desarrollo Mayan Palace East Cap.
En 2020, de manera express, la Semarnat concedió al grupo permiso para construir un teleférico, para comunicar dos complejos hoteleros localizados en Bahía de Banderas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco. Esto antes de conocerse la opinión técnica de los municipios de Puerto Vallarta, en Jalisco y Bahía de Banderas, en Nayarit.
La investigación que se dio a conocer el 17 de febrero pasado, obra de Valeria Durán y Verónica Anaya, documenta que al Grupo Vidanta se le otorgó un cambio de uso de suelo, para terminar de construir un proyecto turístico en Quintana Roo.
En 2019 y 2020, la Semarnat otorgó ese cambio en 2.94 hectáreas de selva mediana, para que el grupo construyera tres vialidades de acceso, para su centro turístico de 250 hectáreas ubicado en la carretera Puerto Juárez-Tulum. La autorización es por diez años y puede renovarse si cumple con las medidas de prevención.
El cambio de uso de suelo solo contemplaba la construcción de las tres vialidades, pero después el grupo solicitó otra modificación, para consolidar su desarrollo. En 2020, la Semarnat le autorizó, en terrenos forestales, “el desarrollo de actividades del ecoturismo y de parque recreativo”, en un predio ubicado en el municipio de Solidaridad.
El MCCI, documenta también, que desde 2018 el Grupo Vidanta, en Nayarit y Jalisco, ha sido objeto de denuncias por la construcción de un megacomplejo cerca del río Ameca. Entre las quejas que se han reportado está la presunta modificación del cauce del río, el daño de los animales y la vegetación que hay en el lugar. Se acusa al grupo de “ecocida”.
MCCI en su investigación presenta solo datos, documentos oficiales y fotografías de los lugares. El presidente enfrenta el resultado de estas investigaciones solo con adjetivos de diverso tono. No ofrece datos, que desmientan lo que dice el trabajo de estas investigaciones. Su furia en contra del MCCI juega a favor del resultado de su trabajo. El tráfico de influencias y el conflicto de interés está a la vista. Entre amigos hay generosidad de las partes en el intercambio de favores.
Twitter: @RubenAguilar
