Estamos encabronados. Nos vieron la cara durante tres años. Las instituciones jugaron con nosotros. Se quejaron las víctimas, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, reaccionaron y se posicionaron con furia tras la presentación del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que evidenció la complicidad de miembros de la Secretaría de Marina con Murillo Karam, en ese entonces procurador de la República en la manipulación de pruebas en el basurero de Cocula para apuntalar la “verdad histórica” con que la administración de Enrique Peña Nieto quiso cerrar el caso.
La furia y el dolor van de la mano en quienes han sufrido abusos, no se puede castigar a los padres de los desaparecidos por sus reacciones, ni descalificar su reacción señalando los improperios, malas palabras o gritos con que se expresaron; ante su lamento y demandas, como sociedad, sobre todo como gobierno, se les debe un gesto mínimo de empatía, no ese falso respeto que minimiza e invisibiliza la queja, una propuesta de solución y acciones que reparen el daño del que han sido objeto.
Cuestionado sobre la participación de miembros de la Marina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a señalar que se va a entregar toda la información que requieran para aclarar el caso y que ha girado las instrucciones necesarias para que se investigue a todos los mandos que participaron en esa operación, según López Obrador ya todos declararon ante la Fiscalía, incluido el Almirante responsable del operativo. El actual secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, fue comandante de la Octava Región Naval en Guerrero de 2013 a 2015, por lo que debió estar enterado del actuar de los elementos navales en el basurero de Cocula, pero no se sabe todavía si él también declaró. Como siempre hace, el presidente le dio la vuelta a este asunto comentando que tiene “el compromiso con los padres y madres de las víctimas de llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes y a diferencia de antes cuando el país solo se dedica a aplaudirle a los anteriores presidentes, ahora no hay impunidad para nadie”.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, acompañando a los padres de los normalistas desaparecidos, subrayó que ya había quedado claro el montaje y la manipulación, por lo que ahora exigían es que se realicen investigaciones que incluyan “la cadena de mando, y que haya consecuencias jurídicas”, también denunció que no se ha cumplido con las instrucciones del presidente para que se entregue toda la información que permita esclarecer el caso.
En los hechos, el gobierno actual no ha cumplido con los compromisos establecidos con las víctimas, no basta el compromiso verbal del presidente, incluso si se redacta un decreto, porque las instituciones siguen obstaculizando las investigaciones, con la misma complicidad de los regímenes anteriores, quienes participaron en la manipulación de evidencia, en las torturas y la construcción de verdades históricas mantienen una opacidad que los beneficia y resta responsabilidad.
Fúricos y dolidos, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa demandaron llegar hasta las últimas consecuencias, incluso hasta el expresidente Enrique Peña Nieto; no se puede disminuir su demanda, sin embargo, la venganza no es justicia, a las conclusiones se llega a través del estudio de la cadena de mando, revelando a los burócratas del mal que siguen instrucciones. La impartición de justicia no termina en ofrecer las cabezas de los presidentes a los que se les aplaudía sino castigando a quienes sostuvieron y sostienen con su complicidad a quienes ordenan actos criminales
Coda. “Cuando se ha hecho la guerra apenas sabe ya nadie lo que es un muerto. Y además un hombre muerto solamente tiene peso cuando lo ha visto uno muerto; cien millones de cadáveres, sembrados a través de la historia, no son más que humo en la imaginación.” Albert Camus, en La peste.
@aldan
