De cara a las campañas electorales para la renovación de la gubernatura de Aguascalientes, el trabajo de las instituciones electorales encargadas de dar validez, legitimidad y legalidad a las elecciones, resulta indispensable para generar confianza y credibilidad en la ciudadanía, pues sus determinaciones impactan directamente en la estabilidad de la democracia en nuestro Estado.
No pasemos por alto que, en Aguascalientes, la organización y judicialización de los procesos electorales está encomendada a los Institutos Electorales, Tribunal y a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.
Esta última -FEDE-, es una dependencia adscrita a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, dotada de autonomía técnica y operativa, cuyo objetivo es garantizar la libertad del voto y generar seguridad y certeza jurídica a las elecciones a través de la persecución y sanción de los delitos electorales cometidos durante las contiendas comiciales.
Al respecto, los delitos electorales son acciones u omisiones que ponen en peligro, o lesionan, el desarrollo de la función electoral y que además atentan contra las características del voto, mismo que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.
Por su parte, la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que los delitos en materia electoral pueden ser cometidos por funcionarios (as) electorales, partidistas, servidoras (es) públicos, precandidaturas, candidaturas, ministros de culto religioso o por cualquier persona.
En ese sentido, algunas de las conductas delictivas más comunes son las siguientes:
- Hacer proselitismo o presionar a la ciudadanía el día de la jornada electoral con el fin de orientar el sentido de su voto;
- Solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presionar a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por una candidatura, partido político o coalición;
- Organizar la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto;
- Cometer violencia política en razón de género; y
- Utilización indebida del recurso público con fines electorales.
Al respecto, la propia Ley General, establece sanciones que van de seis meses a tres años, de dos a nueve años o incluso de cinco a quince, sujetos además de poder ser agravados.
Por otro lado, si un servidor público comete un delito electoral, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, se le impondrá la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión dentro de cualquier dependencia pública.
Bajo tales consideraciones, la FEDE investiga y persigue de oficio los delitos electorales, sustanciando e integrando carpetas de investigación para poner a disposición de un juez o jueza de control a los probables responsables de la comisión de delitos electorales. Posteriormente, el juzgado de control determinará si el imputado debe de o no sujetarse a proceso penal con base en el caudal probatorio ofertado por las partes. Finalmente, de no obtener beneficio en una salida alterna quienes sean imputados, se lleva a cabo el juicio oral para determinar las posibles sanciones citadas con antelación, emitiendo sentencias absolutorias o condenatorias, según sea el caso.
Es importante precisar que, en todas las etapas antes descritas, la FEDE actúa activamente a través de un ministerio público adscrito a esta autoridad, con el firme objetivo de perseguir los delitos electorales de principio a fin.
Así, resulta evidente que la FEDE tiene consigo una tarea compleja, ligada a temas fundamentales como la libertad de las personas por la comisión de delitos electorales y la inhabilitación de las y los servidores públicos.
Por lo tanto, el proceso electoral que ya se encuentra en marcha, constituye un reto importante para la FEDE, pues la elección de la gubernatura implicará una labor compleja al atender las posibles denuncias de los once municipios de nuestra entidad federativa.
Como prueba de lo anterior, en semanas pasadas se obtuvo la primera vinculación a proceso en contra de una servidora pública por coacción del voto en las pasadas elecciones. Esta acción, deja en claro que la FEDE tiene la firme consigna de brindar seguridad y certeza jurídica a la ciudadanía, persiguiendo y sancionando los delitos electorales que se puedan presentar en este proceso electoral, suprimiendo cualquier tipo de impunidad
Es responsabilidad civil de todas y todos denunciar; alza la voz y protege tus elecciones.
