- Esta ley reconoce la desigualdad social, económica y la discriminación de personas marginadas privadas de su libertad
- Solo en diez congresos locales se ha presentado una iniciativa para crear la Ley de Amnistía
En abril del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía la cual tenía como objetivo liberar a las personas privadas de su libertad que estén procesados o se les haya dictado una sentencia firme, siempre y cuando no sean delito sin gravedad o no sean reincidentes.
En Aguascalientes, durante el periodo de la LXIV legislatura, al mes siguiente se presentó la Ley de Amnistía para el Estado de Aguascalientes con el que se buscaba replicar esta propuesta para los delitos de índole local. Sin embargo, en los dos años siguientes esta iniciativa fue mandada a la congeladora y no se le dio más trámite legislativo.
Ayer el diputado Juan Carlos Ugarte Regalado presentó nuevamente esta iniciativa para que ahora sea la LXV legislatura quien le dé trámite para su votación ante el pleno legislativo. Señaló que con esta norma se reconocen las condiciones de desigualdad social, económica y discriminación provocadas por la histórica marginación y violencia ejercida contra sectores vulnerables en el derecho penal.
En los últimos diez años, cinco mujeres fueron sentenciadas por aborto y otras nueve fueron procesadas y absueltas, criminalizando a las personas gestantes por decidir sobre sus propios cuerpos. Con esta ley deberá agilizar la libertad de las mujeres que no han recibido sentencia por esta acción que recientemente ha sido declarada como inconstitucional.
Solo diez congresos locales han aprobado una ley de amnistía estatal armonizada con la norma federal, se trata de Campeche, Durango, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Oaxaca y Quintana Roo.
Personas privadas de su libertad y que no pudieron acceder a una verdadera justicia podrían tener una segunda oportunidad.
“Nos toca a nosotros, en nuestra calidad de representantes populares, atender las exigencias de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos y de aquellas personas que por su condición han sido violentadas y no pudieron acceder a justicia en el fuero común”, resaltó.
