El pasado 12 de abril el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED) instó al gobierno de México a abandonar de “inmediato” el enfoque militarista de la seguridad pública en el país.
La ONU dio a conocer en Ginebra, Suiza, el informe que se realizó a partir de la visita que, en noviembre 2021, hizo a México un grupo de diez expertos independientes en derechos humanos, a la cabeza de Carmen Rosa Villa Quintana.
En el informe se dice que la CNDH emitió 162 recomendaciones a las secretarías de la Defensa (Sedena) y la Marina (Semar) por violaciones graves a los derechos humanos. De ellas 15 estaban relacionadas con desapariciones forzadas.
El documento plantea que la estrategia de seguridad adoptada por el Estado mexicano, desde los años noventa, se ha caracterizado por la militarización, para combatir al crimen organizado y es evidente que ha sido “insuficiente e inadecuada”.
La militarización, dice el informe, se acelera en el gobierno del presidente Calderón (2006-2012), que sacó al Ejército de los cuarteles, pero ha escalado a niveles no vistos en el gobierno del presidente López Obrador (2018-2024).
Como parte del proceso de militarización del actual gobierno mencionan la creación de la Guardia Nacional (GN), que es un cuerpo militar, y también el acuerdo presidencial de 2020 que ordena a las Fuerzas Armadas permanecer en las funciones de seguridad.
Para la ONU, “la permanente participación de la Fuerza Armada” en las labores de seguridad pública en México “permite poner en duda” su respeto a “los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana”.
La Sedena y la GN están entre las diez autoridades que tienen el mayor número de expedientes abiertos por presunta violación a los derechos humanos.
Ante esta situación, la ONU plantea la necesidad de “fortalecer a las fuerzas civiles” y de poner en marcha un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de los militares de las tareas de seguridad pública. Deben volver a los cuarteles.
El comité de expertos en su trabajo de campo visitó 13 estados donde sus integrantes se reunieron con funcionarios, familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y también visitaron cárceles y participaron en exhumaciones.
La ONU, con base a información de la Segob, reporta 95 mil 121 personas como desaparecidas a noviembre de 2021. Mientras realizaban su trabajo se registraron 111 más. En los últimos cinco años se registran 8,000 personas desparecidas al año. En este sexenio son ya 24,000.
La delincuencia organizada se ha convertido en “un perpetrador central” de desapariciones, “con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, señala el informe.
Y añade que las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal.
En el documento, la ONU manifiesta su preocupación por la desaparición de 30 periodistas entre 2003 y 2021, de los cuales ninguno ha sido localizado y tampoco ha habido avance en la investigación de esos casos. Y por los ocho reporteros asesinados en los primeros tres meses del presente año.
La ONU señala que “la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas”.
Insta al gobierno a que de manera “urgente” establezca una política, para prevenir y erradicar las desapariciones que involucre a las autoridades federales, estatales, municipales, a los órganos autónomos y también a las víctimas y a los colectivos que las representan.
Y señala que “para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional”.
@RubenAguilar
