Hay muchas esperanzas para quienes fueron trabajadores de Luz y Fuerza del Centro por lo “truculento” del proceso que da para que a través de recursos legales y jurídicos interpongan trámites que alcancen a beneficiarse a través de un primer recurso que es el amparo, aseguró César Torroella Labrada, vicepresidente de la Confederación de jubilados, pensionados y adultos mayores de la República Mexicana.
Ante este hecho se analiza la posibilidad de inconstitucionalidad el acto por varios elementos, la falta de exposición de motivos en el decreto, no hay respeto al poder legislativo porque la empresa pública se liquidó sin darle el aviso correspondiente e incluso, hay recursos interpuestos por el uso erróneo de algunos tecnicismos indispensables.
Una buena parte de los trabajadores han acudido por su liquidación,
pero no porque estén de acuerdo con las condiciones en que las
autoridades les planteo hacerlo, sino porque ya se dieron cuenta que
las posibilidades de recontratación son falsas o al menos no son tan
reales como las autoridades quieren hacerlo ver desde un inicio. “Los
compañeros han ido a hacer todos los trámites que les piden y al
momento de querer hacer la recontratación le dicen que no los necesitan
porque son trabajadores del área administrativa y sólo están
requiriendo operarios”.
Muestra de la posibilidad que tienen todavía de una alternativa de
solución es la capacidad de convocatoria que tiene Martín Esparza que
se dejó ver en la última manifestación realizada en la ciudad de México
donde hubo incluso grupos de estudiantes y de miembros de otros
sindicatos que están en solidaridad con la causa.
Luz y Fuerza del Centro (LFC) quebró por un diseño realizado
previamente por el gobierno, éste se sustenta principalmente en el alto
costo de venta de la luz que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
aplicaba a este organismo, que era de un peso con 23 centavos por
kilowatt, pero por otra parte la Secretaría de Hacienda le decía a LFC
que lo vendiera a 88 centavos creando ahí un déficit desde el inicio.
Ese déficit financiero no es reconocido públicamente por el
presidente de la república, Felipe Calderón, sin embargo en un texto
publicado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se menciona
a Benjamín Contreras Astiazarán, subsecretario de electricidad de la
Secretaría de Energía que argumenta que “la principal carga no fue
resultado del contrato colectivo de trabajo, sino de la compra de
energía a la CFE y el costo de combustibles para su generación”.
Agregó que además el trasfondo de esta liquidación está íntimamente
ligado a la desaparición del sindicato y el mejor contrato colectivo de
trabajo que sirvió de ejemplo para otros sindicatos y no tanto a la de
una empresa considerada o promovida a nivel nacional como ineficiente
que es el caso de LFC.
“Los mismos compañeros del SUTERM dicen no que siga el sindicato
porque si lo liquidan quien nos va a defender, ellos reconocen que
quien los defiende son los del SME porque sus líderes se montan en
nuestra contratación colectiva y reciben los beneficios que conseguimos
a base de lucha”.
Otro de los sustentos de esta quiebra de Luz y Fuerza es la
inclusión en el contrato del uso de la fibra óptica porque acordaron
con el SME que ellos pudieran transmitir el triple play, “ya estaba la
concesión para Luz y Fuerza, pero de pronto salió la empresa privada WL
Comunicaciones y reclamó; porque ese es el negocio del siglo XXI porque
se trasmiten cualquier cantidad de cosas por esta fibra a gran
velocidad”.
Aunque Luz y Fuerza del Centro tenía menos línea de fibra óptica que
la misma CFE, en realidad es más importante la zona de incidencia que
tiene la primera pues en esta área se produce el 37 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) de todo el país, ahí está concentrada la
economía, las finanzas y el poder político.
