La disputa por el territorio se centra fundamentalmente entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, plantea la periodista Elena Reina, (El País, 08.05.22) con base a un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
De acuerdo al mapa criminal elaborado por investigadores de este centro académico, en el país operan al menos 150 grupos o bandas criminales la mayoría ligadas, aliadas a financiadas por estos dos cárteles.
El Cártel Sinaloa está presente en 14 de los 32 estados y el Cártel Jalisco Nueva Generación en 23 de estos. Ninguna de las otras grandes estructuras del crimen organizado tiene esta presencia en el territorio. Hoy no hay duda que son los cárteles más grandes y poderosos.
Reina, que en 2020 ganó el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, sostiene, con base a la investigación del CIDE, que el narco al Estado lo ha reducido “a solo una mera presencia esporádica” en Zacatecas, Baja California, Colima, Quintana Roo, Michoacán, Morelos, Sonora, Chihuahua y Guanajuato.
Es importante, a más de la investigación del CIDE, tener en cuenta los datos del International Crisis Group (ICG), citados por Alejandro Hope (El Universal, 09.05.22), una organización no gubernamental, que se dedica al análisis de conflictos armados.
Entre 2009 y 2020, el ICG identifica en México a 543 grupos armados, que operaron en algún punto del territorio durante ese período, pero no todos al mismo tiempo. El número de los grupos creció al pasar de 76 en 2010 a 206 en 2020.
La estrategia de militarización que impulsa el presidente López Obrador no ha dado resultado. La presencia del Ejército y la Guardia Nacional (GN), formada por militares, en el territorio no ha reducido los niveles de violencia y los asesinatos. En lo que va de este sexenio es claro que los ha elevado.
Sara Velázquez, investigadora del CIDE, argumenta con datos duros “que los cuerpos de seguridad siguen matando a más gente de la que hieren, pese a que su cometido debería ser buscar la detención y el proceso judicial de los presuntos criminales”.
El Índice de Letalidad -cálculo entre civiles heridos con relación a los ejecutados en enfrentamientos con las fuerzas armadas- es muy alto tanto en el caso del Ejército como en la GN.
En 2021, índice del Ejército es de tres a uno y el de la GN de 1.9 a uno. Esto quiere decir, que en el primer caso son tres muertos por cada civil herido y en el segundo dos. Son niveles propios de un país en guerra.
En 2019, para “legalizar” la presencia del Ejército en las calles se hizo una excepción a la Constitución por cinco años que está sujeta a su regulación definitiva mediante una reforma constitucional antes de que termine la actual legislatura en 2024.
Como parte del proceso de militarización se espera que el Ejecutivo envíe al Congreso una reforma constitucional para que la Guardia Nacional (GN) se incorpore como parte del Ejército. Ya lo es, pero no se ha legalizado.
De ser el caso se espera que la oposición no vote a favor de esta reforma, para ver si en el próximo gobierno, el que surja en 2024, propone la creación de una Policía Nacional o una Guardia Nacional civil. Y dé marcha atrás al proceso de militarización.
