- Ayer se admitió el segundo de los excomisionados en el tercer juzgado distrito
- Alegan que la selección fue inconstitucional y violatorio de la Ley de Transparencia
El juez tercero de distrito, Guillermo Baltazar y Jiménez, admitió ayer el segundo amparo presentado por el ex comisionado del Instituto de Transparencia del estado de Aguascalientes (ITEA), Jorge Doring Zuazo, tras la elección de la nueva junta de gobierno de ese organismo por el Congreso del estado.
La noche del miércoles, a su vez, César Octavio López Rodríguez y Luis Emilio González López, los otros dos ex funcionarios, presentaron sus demandas de amparo derivadas del mismo proceso en el cual ninguno de ellos fue reelecto.
En el caso de Doring, el juzgado admitió “en sus términos” y “sin tramitarse el expediente de suspensión” el recurso presentado contra la Ley de Transparencia, es decir, la manera en como el Congreso llevó a cabo el proceso de selección de comisionados, además de pedir un informe justificado al legislativo locas y citar a la primera audiencia en noviembre próximo.
Su primer amparo, presentado contra la no respuesta a la solicitud de ratificación que enviaron los tres comisionados recién sustituidos, se encuentra en la misma etapa, sólo que la audiencia fue diferida para la próxima semana.
Hasta el miércoles de esta semana, el área jurídica del Poder Legislativo reportó no haber recibido notificación de amparo alguno contra el proceso que culminó el 27 de septiembre, pese a que la primera demanda data hace dos semanas.
Mientras tanto, González López confirmó que ayer por la noche, ante oficialía de partes, tanto él como el ex presidente del ITEA interpusieron sus respectivos juicios de garantías ante la justicia federal, mismos que están a la espera de ser admitidos y de que se les asigne un número consecutivo.
En ellos, detalló, se están recurriendo cuatro actos: la no respuesta del Congreso, la inconstitucionalidad con que los nuevos comisionados fueron seleccionados, su nombramiento y la publicación del mismo en el Periódico Oficial del Estad (POE).
La parte central de la demanda, explicó, va “contra la inconstitucionalidad de los artículos del Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes relacionados con el artículo sexto constitucional, donde dice que los órganos de transparencia deben ser especializados”, considerando que ellos tres tienen la experiencia para desempeñar el cargo de comisionados.
Aclarando enfática y reiteradamente que “no tengo nada en contra de los nuevos comisionados” y que “desgraciadamente” por procedimiento legal tienen que verse involucrados en la demanda, Luis Emilio González calificó este proceso de renovación como “amañado” y admitió que se siente “muy molesto con la manera en que procedió el Congreso”.
