La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, promulgada en 2002, instituyó la rendición de cuentas como un pilar preventivo del fenómeno de la corrupción, aseguró Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al participar en el Encuentro Conmemorativo a 20 años de las primeras Leyes de Transparencia en México.
“Si lo vemos en un círculo virtuoso, la legislación de 2002 constituye ese primer pilar preventivo; el solo hecho de saberse fiscalizado, de saber que todos los documentos que se producen en el servicio público, por regla general, van a ser públicos, es de alguna manera inhibidor de la corrupción,” subrayó.
Durante su intervención en el panel “Alcances de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, Román Vergara puntualizó que esa Ley sentó las bases para las reformas constitucionales de 2007 y de 2014; esta última, dijo, relacionada con la de 2015 en materia de combate a la corrupción; “me parece que, desde junio de 2002, se sentaron las primeras bases de lo que a la fecha tenemos hoy en materia de combate a la corrupción”.
María Marván Laborde, ex comisionada presidenta del IFAI, señaló que, entre los alcances de la Ley de Transparencia, aprobada en el año de 2002, se encuentra la creación de una institución indispensable para garantizar el derecho a saber:
“Hay que reconocer que, a lo largo de 20 años, cada día más los servidores públicos han aprendido que deben entregar la información, aunque no podemos negar que también han inventado nuevas mañas para no hacerlo; y es por eso que el INAI y los institutos locales seguirán siendo indispensables (…) hay que reforzar la existencia de estos organismos autónomos, hay que reforzar su presencia y respetar su autonomía operativa y presupuestaria”, advirtió.
Sergio López Ayllón, ex director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que hoy se han normalizado las solicitudes de acceso a la información pública y la cantidad de información disponible, lo que no sucedía hace dos décadas.
“A 20 años, observo que hay una matriz expansiva del derecho de acceso a la información, que va ampliando el número de los sujetos obligados, que va mejorando sus instituciones y manteniendo una lógica de procedimientos, y que eso es lo que nos da hoy un resultado importante, que nos da un punto de apoyo que debemos cuidar”, enfatizó.
Mauricio Merino Huerta, director del Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, destacó que existe una evolución notoria y verificable de la cultura del derecho a saber:
“Hoy tenemos en los Institutos de Transparencia de las entidades federativas y en el propio INAI una nueva generación no solamente de servidoras y servidores públicos, sino de investigadoras, de investigadores y de periodistas que no podemos dejar de mencionar, la prensa ha sido un gran aliado del derecho a saber en México”, señaló.
Cecilia del Carmen Azuara Arai, ex secretaria de Acceso a la Información del IFAI, señaló que la Ley de Transparencia de 2002 fue, sin lugar a dudas, una Ley virtuosa, al ser producto de un consenso entre grupos de sociedad civil y entre instituciones públicas, pertenecientes al Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión. “No podemos permitir retroceso y, para eso, creo que hay una comunidad importantísima en nuestro país, que es el fruto justo de todos estos años de trabajo y que está convencida de que no podemos retroceder en esta materia”, destacó.
La moderación de la mesa estuvo a cargo del comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), Salvador Romero Espinosa.
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