- Organismos buscarán que legisladores se comprometan a no aprobar la reforma militarista
- Exigirán que defiendan la ley que creó una Guardia Nacional civil en la Constitución
Entregar la Guardia Nacional a la Sedena sería el último clavo en el ataúd del Estado democrático de derecho, señalan las organizaciones SeguridadSinGuerra y Amnistía Internacional, al advertir que buscarán las firmas de legisladores y legisladoras que desde ahora se comprometan a no aprobar la reforma militarista y defender la que creó una Guardia Nacional civil en la Constitución y mandató el regreso del ejército y la marina a sus cuarteles antes del 26 de marzo de 2024.
En un comunicado conjunto, los organismos señalan que más allá de las declaraciones poselectorales, quienes integran el Congreso de la Unión, senadoras, senadores, diputadas y diputados, tienen que demostrar su compromiso con las víctimas, la construcción de paz y el respeto al pacto civilista que creó una Guardia Nacional civil en la constitución y que el presidente de la república ha desnaturalizado pintándola de verde olivo.
“Ya no solo es el hecho de que han colmado la guardia de soldados y marinos, en una proporción de solo 3 civiles de cada 10 integrantes, ahora sabemos que se está ordenando imponer el mando militar sobre los pocos civiles que quedaron de la Policía Federal violando la Constitución y el derecho internacional.
“A la militarización plena de la seguridad que López Obrador quiere perpetuar, se suma el militarismo avanzando en la vida pública con el enorme poder económico y político que el gobierno le está entregando a la Sedena y Semar en cada obra y contrato asignado a las Fuerzas Armadas”, exponen.
Subrayan que aunque el presidente insista en que las fuerzas armadas actúan ahora con responsabilidad, hay al menos ocho eventos de ejecuciones extrajudiciales en su sexenio (con datos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez), cientos de quejas ante una Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) omisa y la identificación que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha hecho sobre al menos 15 mandos que en este sexenio ascendieron de puesto en una lista de 58 que de 2007 a 2018 fueron acusados de cometer tortura.
“Rechazar desde ahora la reforma militarista de López Obrador es un compromiso con las víctimas que deberían asumir tanto quienes aseguran ser oposición responsable como quienes prometieron una transformación”, recalcan.
Para SeguridadSinGuerra una Guardia Nacional militarizada es una innegable continuidad con la estrategia de seguridad fracasada de los gobiernos anteriores, pues tras 14 años de transitar esa ruta, hoy se sabe que se ha exacerbado la violencia y, además, ha llevado al país a la más grave crisis de derechos humanos que México haya conocido. “Hoy, la tortura y otras violaciones de derechos humanos son herramientas de rutina de las autoridades de seguridad”, recalcan.
