La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), presentó los resultados de una investigación sobre los casos de tortura sistemática en Aguascalientes. En “Hasta perder el sentido: Informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014”, en el que se establece la complicidad del entonces Procurador de Justicia, Felipe Muñoz, en los abusos de la policía ministerial.
En los 40 casos (33 hombres y siete mujeres) que la ONU-DH identificó un patrón consistente de violaciones de derechos humanos y modus operandi prácticamente uniforme:
- Detenciones arbitrarias de las personas;
- Traslados y puestas a disposición irregulares por parte de autoridades ministeriales;
- Tortura en instalaciones de la Procuraduría estatal, principalmente en las instalaciones de la Policía Ministerial, con el propósito de forzar a la persona a firmar documentos;
- Incomunicación de las personas;
- Uso del arraigo como medio para la continuación de la tortura y para obstaculizar su documentación;
- Uso de documentos firmados bajo tortura para la fabricación de declaraciones incriminatorias; y
- Participación y/o complicidad de diversas estructuras al interior de la Procuraduría, particularmente de policías ministeriales, agentes del Ministerio Público, médicos adscritos a la institución y defensores públicos.
El informe, además de documentar la tortura a la que sometían los policías ministeriales, señala como se amenazaba a abogados particulares que asumieron la defensa de las personas sobrevivientes de tortura; que se ejerció presión y represalias contra de jueces y magistrados, autoridades de la Procuraduría se presentaban en los juzgados para ejercer que se ignoraran los actos de tortura y resolvieran en un determinado sentido. También exhibe la pobre actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, a quienes los sobrevivientes acusan de haberles dado una respuesta insuficiente y desalentadora, porque “refirieron actos de intimidación y amenazas por parte de personal de la Procuraduría estatal, por haber presentado quejas ante la comisión estatal, algunos de los cuales ocurrieron en presencia de personal de dicha Comisión”.
El Informe finaliza con una serie de recomendaciones:
A la Fiscalía General de Aguascalientes se le recomienda Investigar los actos de tortura documentados por el informe, determinar las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios implicados. Así como Elaborar un plan de investigación, en consulta con las víctimas y sus representantes, en el que se incluyan provisiones sobre la determinación de responsabilidad de los superiores jerárquicos de la entonces Procuraduría estatal, así como para investigar el posible encubrimiento y obstrucción de la justicia que favorecieron la impunidad y el ocultamiento de la verdad en estos casos. Así como Establecer una mesa de trabajo con la CDHEA y la CNDH para revisar los casos ocurridos entre los años 2010 y 2014 en que existen alegaciones de tortura que coincidan con los patrones de sistematicidad descritos en el informe. Además de Realizar un examen de antecedentes del personal de la Fiscalía para investigar, identificar y cesar a aquellas personas vinculadas con la comisión de actos de tortura o malos tratos.
Al Gobierno del Estado de Aguascalientes se le indica que debe Realizar un examen de antecedentes de todos los funcionarios del gobierno a fin de identificar, investigar y cesar a quienes estuvieron vinculados con la comisión de actos de tortura y malos tratos. Además, tiene que establecer la revisión obligatoria de antecedentes en violaciones de derechos humanos que prevenga la designación como servidor público de personas vinculadas a dichas conductas, así como iniciar las investigaciones internas y administrativas correspondientes.
A la CDHEA se le recomienda 1. Activar, reactivar o continuar las investigaciones dentro de los procedimientos de queja relacionados con los actos de tortura y malos tratos referidos en este informe para emitir las resoluciones correspondientes; y 2. Cooperar con las autoridades de procuración de justicia, compartir la información que facilite el procesamiento y sanción de las personas responsables de los actos de tortura, en los términos precisados al inicio de este apartado.
“Hasta perder el sentido: Informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014” no es un informe cerrado, es una demanda de justicia para quienes fueron víctimas y un documento que propone salidas impartir justicia y reparar el daño.
Coda. Hasta ahora, no se ha hecho justicia, la impunidad se mantiene, y seguirá si las instituciones no atienden las recomendaciones de la ONU-DH.
@aldan
