- Ya sin amparo y con denuncia de la CNDH se procederá a su detención
- “No le tengo miedo a Felipe Muñoz, si así fuera ya hubiera renunciado”: JFO
Al menos siete funcionarios señalados en el informe que dio a conocer la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas-Derechos Humanos en México (ONU-DH) denominado “Hasta perder el sentido: Informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014” continúan laborando en la Fiscalía del Estado, reconoció su titular Jesús Figueroa Ortega, al advertir que habrán de ser investigadas, y detalló que algunos son ministerios públicos y otros, agentes investigadores.
Respecto a la denuncia en contra de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, exprocurador de Justicia de Aguascalientes en el periodo que señala el informe de la ONU-DH, el fiscal aseveró que ya cuenta con la denuncia esperada por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego de que terminó el amparo concedido al exfuncionario, por lo que ya se realizan los actos necesarios para su detención y comparecencia ante las autoridades.
El fiscal se comprometió a averiguar si algún otro aún funcionario de ese periodo es mencionado en el informe, y aseguró que no le tiene miedo al exprocurador de justicia ni a que lo involucren con él, ya que en la administración de Felipe Muñoz él era diputado local; “yo estoy aquí sentado y te puedo decir que no tengo miedo, porque si le tuviera miedo ya hubiera renunciado, ya me hubiera ido”.
En entrevista colectiva de cuatro medios de comunicación que solicitaron este acercamiento con el fiscal, luego de que en redes sociales se diera a conocer el mencionado informe el pasado jueves 30 de junio, Figueroa Ortega expuso que si bien sabe que en este momento se juzga a la dependencia por lo ocurrido hace años, resulta ahora importante que no se vuelvan a cometer esos actos de tortura actualmente, a la vez que asume la responsabilidad institucional de que los errores del pasado no se repitan, para que la ciudadanía se dé cuenta de que ahora se trabaja de una manera diferente. Además, admitió que es toral la investigación a fondo de los que pasó en ese periodo del 2010 al 2014.
Destacó que si bien la tortura no fue una práctica exclusiva en Aguascalientes, y sin señalar a otra entidad, reconoció que se convirtió en un método normalizado para el esclarecimiento de los hechos, que consideraban que era correcta, pero que finalmente tuvo consecuencias, aunado que la denuncia de lo ocurrido no surge del Gobierno, sino de los señalamientos de la sociedad civil, una vez que nace el sistema de protección de los derechos humanos y que apenas hace poco más de 10 años se incluye en la Constitución, por lo que aún se está en pañales en este tema.
Observó que las investigaciones realizadas por la ONU-DH están muy apegadas a las presentadas en el 2019 por la CNDH, inclusive en cuanto a los casos, por lo que se habrá de profundizar en cada uno de ellos. Aseguró también que la Fiscalía cuenta con los perfiles necesarios para ello; además de que se protegerán a las víctimas con los instrumentos con los que cuentan, como las órdenes de protección necesarias para su seguridad.
Figueroa Ortega puntualizó que las cinco recomendaciones hechas a la Fiscalía del Estado por parte de la ONU-DH serán atendidas por la misma dirección y persona que ha dado seguimiento a las primeras visitas que les realizó la CNDH, es decir, Carlos Iván Ramos, encargado de la Dirección de Derechos Humanos, a la vez que se comprometió a dar cuenta de los avances.
Las recomendaciones
Cabe recordar que las recomendaciones para la Fiscalía a cargo de Figueroa Ortega son:
- Investigar, dentro de un plazo razonable y de conformidad con estándares internacionales, los actos de tortura documentados en este informe, incluyendo su sistematicidad, y determinar las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios implicados. Dicha investigación debería ser de oficio, pronta, efectiva, imparcial, independiente, exhaustiva, transparente y con pleno respeto del debido proceso. En los casos de tortura contra mujeres debería incorporarse, además, la perspectiva de género en las investigaciones.
- Elaborar un plan de investigación, en consulta con las víctimas y sus representantes. Este plan también debería incluir provisiones sobre la determinación de responsabilidad de los superiores jerárquicos de la entonces Procuraduría estatal, así como para investigar el posible encubrimiento y obstrucción de la justicia que favorecieron la impunidad y el ocultamiento de la verdad en estos casos.
- Establecer una mesa de trabajo con la CDHEA y la CNDH para revisar los casos ocurridos entre los años 2010 y 2014 en que existen alegaciones de tortura que coincidan con los patrones de sistematicidad descritos en el informe.
- Realizar un examen de antecedentes del personal de la Fiscalía para investigar, identificar y cesar a aquellas personas vinculadas con la comisión de actos de tortura o malos tratos.
- Establecer un plan de trabajo, calendario y estrategia para cumplir la recomendación de la CNDH 17VG/2019.
