- Solo 1 de cada 7 reclusos ha terminado sus estudios en preparatoria
- Promover la educación para personas privadas de su libertad provocará mejoras en su calidad de vida
El diputado Raúl Silva Pérezchica presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Ejecución de Sanciones penales para el Estado de Aguascalientes con el buscan hacer más eficaces los procesos de reincorporación social, garantizando a su vez el derecho a la educación de las personas que están privadas de la libertad.
El legislador recordó que el derecho a la educación es un derecho humano universal que no está sujeto a raza, origen étnico, religión, color de piel, estatus migratorio o alguna otra característica similar, esto debido a que es una parte esencial para el desarrollo integral del ser humano.
De acuerdo con el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria realizada en el 2020 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existían aproximadamente 214 mil 776 personas privadas de su libertad, mil 657 se encontraban en Aguascalientes.
Comentó que la mayoría de los ciudadanos que están privados de su libertad no han completado con la educación básica obligatoria marcada dentro del artículo tercero constitucional. De cada diez personas privadas de su libertad, solo siete han concluido con sus estudios en educación media; de cada siete reclusos solo ha completado la preparatoria.
Señaló que el panorama educativo para personas que se encuentran privadas de su libertad es precario y limita la oportunidad para una mejor vida para quienes egresan de los centros de reinserción social. Afirmó que el tener programas educativos para personas privadas de su libertad con acceso a la educación son 28% menos propensas a reincidir en delitos por los que fueron encarcelados.
Es necesario garantizar el acceso a la educación para enseñar conocimientos y habilidades que mejoren la calidad de vida de los reclusos, abriendo así la posibilidad de que puedan conseguir un empleo estable una vez cumplan con sus condenas.
