- Tan sólo este año la CMOV ha entregado 763 permisos para que choferes puedan operar bajo estas plataformas
- Las empresas no generan relación laboral con los conductores; así evitan garantizarles sus derechos laborales, explica experto
Aunque las plataformas digitales de transporte, como las gigantes Uber, Didi y Bolt, cuyas bases están en otros países, se expandieron y se vendieron como una opción más de movilidad para las personas, estas tienen una gran desventaja: generan empleos informales y, con ello, evitan garantizarles derechos laborales a sus conductores.
Para el expresidente del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Jael Pérez García, estas empresas transnacionales se aprovechan de la falta de una legislación y regulación justa para generar empleos informales y que, además, implica la devaluación y el desgaste de los vehículos propios de los choferes.
En entrevista con LJA.MX, el economista explicó que estas plataformas realmente no tienen una relación laboral legal con los choferes y por ello, estos no tienen prestaciones, seguro social, prima vacacional o reparto de utilidades, que son solamente algunos de los derechos que por ley se les debería de garantizar si fueran trabajadores que operan bajo la formalidad de un contrato. Los conductores de estas plataformas “no generan nada”, sentenció.
Tan sólo este año, en Aguascalientes la Coordinación de Movilidad (CMOV) ha otorgado 763 autorizaciones a operadores que quieren trabajar para plataformas como Uber, Didi o Bolt, de acuerdo con una revisión realizada por este reportero a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Todos y cada uno de ellos, aunque laboran con la marca de esas empresas y desgastan su patrimonio, lo hacen sin un acceso mínimo a los derechos laborales que se establecen en la legislación mexicana.
Jael Pérez abunda en el tema y destaca que estas grandes empresas brindan algunas cualidades que disfrazan sus “ventajas” o “beneficios”, y que tienen que ver más bien con que se aprovechan de la necesidad de un sustento y de la desigualdad que se vive en el país y en la entidad.
Estos “beneficios” son que las personas “son dueñas de su tiempo y no tienen horarios”, pero, ello implica la mayor de las desventajas: no tener un patrón que le garantice sus derechos laborales.
Las cualidades mencionadas suelen parecer atractivas en la juventud de las personas, quienes desde temprana edad y a falta de conseguir otro trabajo, deciden optar por las plataformas digitales de transporte, sin embargo, ello implica que en ese tiempo -si no se tiene un trabajo de respaldo- no se estará cotizando, lo que en un futuro podría significar un problema para las generaciones más jóvenes que no tienen un patrimonio propio.
Urge cambiar las reglas del juego
Con la reforma de las vacaciones dignas ya turnada en la Cámara de Diputados, estando tan cerca de que se logre una mejora en los derechos laborales de las y los trabajadores mexicanos, ya es urgente que los estados traten de regular la manera en que operan estas plataformas digitales.
De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al segundo trimestre del 2022 en México el 56% de los trabajadores estaban empleados de manera informal, entre ellos se cuentan los conductores de tiempo completo de estas plataformas y, al igual que cualquier otra reforma, para ellos no aplicaría la posible nueva reforma que busca ampliar el periodo vacacional para todos los trabajadores que están empleados en la formalidad, en un ejercicio de ampliar sus derechos laborales.
Por ello, comentó Jael Pérez, ya es urgente que el estado mexicano empiece a poner candados y a regular a estas empresas transnacionales que ya llevan casi una década laborando bajo este esquema. Uber, fue la primera en llegar a México, y arribó en el 2013; tres años después, en el 2016, llegaría a Aguascalientes, pero desde entonces no se ha logrado una iniciativa en los poderes legislativos para lograr este cambio.
Hasta ahora, el único lugar en donde Uber ya tuvo que darles prestaciones a los conductores reconociéndolos como trabajadores por la vía legal es en Reino Unido, ello derivado de un juicio contra la empresa estadounidense resuelto por la Suprema Corte de allá.
