El pasado lunes 21 de noviembre fue asesinado el periodista y locutor Pedro Pablo Kumul en Castillo, Xalapa, Veracruz, mientras manejaba un taxi.
Con él son 17 los periodistas asesinados en los primeros once meses del año, que equivale a 1.54 por mes.
México es el país del mundo más peligroso para ejercer esta profesión como lo señalan, entre otras organizaciones nacionales e internacionales, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.
En diversos foros se dice una y otra vez que nuestro país es el lugar del mundo donde más periodistas se matan, incluso más que países en guerra, y no pasa nada. Los crímenes siguen mes con mes.
Artículo 19 registra el caso de cada uno de los 17 periodistas asesinados en 2022: José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Herber López, Jorge Luis Camero, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez, Yessenia Mollinedo, Sheila Johana García, Antonio de la Cruz, Ernesto Méndez, Juan Arjón, Fredid Román, Cándida Cristal y ahora Pedro Pablo Kumul.
El crimen de los periodistas no es ajeno a los altos niveles de violencia que imperan en el país. En cada uno de los cuatro años que lleva este gobierno el número de los asesinatos dolosos ronda en los 37,000 que representan entre 30 y 32 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Los asesinatos de los periodistas, como otros muchos, quedan impunes y son muestra de la incapacidad manifiesta del gobierno, para proteger a los periodistas y conducir investigaciones, que conduzcan a la detención de los criminales. El gobierno, a manera de un mantra, ante estos hechos solo reacciona diciendo que son perpetrados por el crimen organizado.
Meses atrás, ante la situación que impera en el país, Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Frontera, PEN Internacional y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) denunciaron que con esas declaraciones las autoridades buscan evadir su responsabilidad en la protección de la prensa y realizar las investigaciones pertinentes para dar con los responsables.
Señalan también que estudios judiciales, periodísticos y académicos muestran, con evidencia contundente, la participación de funcionarios gubernamentales en acciones del crimen organizado. Y dicen que negar esta realidad invalida la objetividad de las investigaciones. Al no asumir los hechos las autoridades violentan la justicia.
Matar a un periodista es asesinar la verdad y silenciar voces que actúan como contrapeso del poder y es también asesinar a la libertad de expresión y a la misma democracia. La estrategia de los gobiernos federal y estatal no es solucionar el problema sino sólo minimizar los hechos. Es terrible pero no hay nada que diga que se pondrá alto a esta masacre.
@RubenAguilar
