- De esas irregularidades, se derivaron cuatro sanciones administrativas, según el OSFAGS
- El mal manejo de los recursos fue relativo al ramo 28, un apartado federal
Por un presunto mal manejo de recursos, el Órgano de Fiscalización Superior de Aguascalientes (OSFAGS) determinó irregularidades en el gasto del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA) por cerca de 2.7 mdp que, a la fecha, aún no son solventadas.
De acuerdo a los informes de Revisión de las Cuentas Públicas del gobierno estatal de Aguascalientes, relativas al año 2021, documento cuya copia digital tiene LJA.MX, en total el OSFAGS determinó 11 observaciones al ejercicio del gasto financiero del IDSCEA; de ellas, solamente logró solventar siete, cuatro quedaron como no solventadas.
Las irregularidades detectadas en el uso y manejo de los recursos, como lo advierte el documento, se derivaron en el ejercicio del gasto de recursos federales, del Ramo 28, suponen un probable daño al erario de $2,742,224.50.
De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal y a los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, el Ramo 28 se refiere a los recursos que se le transfieren a estados y municipios y que, a su vez, corresponden a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos.
Como tal, los recursos del Ramo 28 no tienen un destino específico en cada uno de los estados y de los municipios, sino que, se asignan de manera proporcional a la participación económica y a la recaudación que estos tienen, por lo que pretenden generar más bien incentivos que permitan, asimismo, el crecimiento económico. Son distintos fondos los que se derivan de este ramo.
Además de que ahora el IDSCEA tiene que buscar solventar estas irregularidades, el OSFAGS ya emitió ocho acciones derivadas de las cuatro observaciones no solventadas: cuatro fueron pliegos de observaciones, y las otras cuatro fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
También se pide la investigación de servidores públicos que estuvieron implicados en dichas irregularidades.
