- Son las administraciones municipales quienes tendrán un mayor número de obligaciones
- Congreso debe cambiar la forma en que se tratan estos temas con los municipios, no hacerlo sólo por medio de un oficio
Lamentable que ninguno de los ayuntamientos emitiera una opinión sobre la homologación de la norma estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, son ellos quienes finalmente se encargarán de la aplicación de la norma y, por lo tanto, tendrán más obligaciones.
Con la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se busca establecer cambios importantes en esta materia en todos los niveles de gobierno. Simplemente el considerar ahora la pirámide de movilidad, en la que la prioridad es el peatón, implica un cambio importantísimo.
Dentro de la propuesta de la diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas, establece las velocidades máximas del tránsito vehicular en las distintas vialidades; también establece que los ayuntamientos deberán adoptar programas municipales de movilidad; las autoridades también se verán obligadas a hacer pruebas de alcoholemia haciendo énfasis en quienes operan transporte público o pesado.
El diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, consideró que en materia de movilidad hay muchos pendientes y más considerando que se priorizó un entorno urbano que favorece la movilidad en autos particulares en lugar de fortalecer el transporte público.
Específicamente sobre esta reforma, el legislador reconoce la importancia de que los municipios participen en la planeación y ejecución de normas enfocadas en la movilidad. En contraste, dijo estar preocupado por la aplicación de la Ley General de Movilidad en los municipios pues no fueron creadas con fundamento en las necesidades de los ayuntamientos.
Dijo lamentar que, dentro del proceso legislativo para la homologación de esta norma, ninguno de los once ayuntamientos hubiera emitido una opinión sobre el tema. Consideró que la razón de ello es que se sigue teniendo un acercamiento tradicional con los ayuntamientos, mediante oficios y no con una comunicación más cercana.
Insistió en que, previo a la votación de la homologación, valdría la pena que se tuviera un acercamiento con los municipios para que externen sus opiniones pues son ellos quienes, finalmente. tendrían nuevas obligaciones y responsabilidades.
