La izquierda democrática en América Latina, no la populista o la dictatorial, ha tenido posición clara frente a los casos de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, y Pedro Castillo, ahora expresidente de Perú.
El presidente López Obrador, que no preside un gobierno de izquierda, nunca militó en ella, en todo caso sí en la izquierda del nacionalismo revolucionario del viejo PRI, se sumó a la postura de la izquierda populista y dictatorial.
La vicepresidenta, el pasado 6 de diciembre, fue hallada culpable de una serie de delitos de corrupción durante sus gestiones como presidenta de la Argentina.
Esto de acuerdo a un tribunal de primera instancia, con lo cual ahora vendrá un proceso de apelación de su parte, lo cual hace que el tema de fondo no se resuelva en el corto o mediano plazo.
Por ahora queda en suspenso cómo habrá de terminar el caso y si podrá o no inscribirse para las elecciones presidenciales de 2023, para las que faltan siete meses.
Ahora ella se ha dedicado a politizar al máximo la sentencia del tribunal al que acusa de “pelotón de fusilaminero” y se victimiza como perseguida política.
En Argentina la fama de corrupta de ella, de quien fuera su esposo, el presidente Néstor Kirchner, ya fallecido, y de su hijo mayor, es sabida y comentada por todo mundo, incluso los peronistas.
Las encuestas dicen que el 70 % de las y los argentinos creen en su culpabilidad en las causas de corrupción. Se celebra que haya sido juzgada y declarada culpable. Ahora su nivel de aceptación está por los suelos.
El pasado 7 de diciembre el presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó dar un autogolpe de Estado, para evitar una moción de censura del Congreso.
Desde Palacio Nacional decretó un gobierno de excepción, la abolición del Congreso, la reestructuración del Poder Judicial y citó a elecciones para elegir a un nuevo Congreso y elaborar una nueva Constitución.
La reacción fue inmediata en defensa de la Constitución, el Congreso se negó a disolverse, la vicepresidenta y su partido condenaron su decisión que calificaron como “golpe de Estado”, varios ministros y el comandante del Ejército dimitieron, para no avalar la decisión presidencial.
De inmediato la vicepresidenta, Dina Boluarte, juró como presidente y se restableció la legalidad. Es la primera mujer que asume el cargo en la historia del país. Con este caso es la tercera vez en cuatro años que la presidencia de Perú se decide por sustitución, lo que habla de la crisis política que vive desde hace años el país.
El Procurador General del Estado, Daniel Soria, presentó una denuncia contra Castillo por sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Y la Fiscalía de la Nación inició investigaciones por presunta comisión del delito contra los Poderes del Estado en la modalidad de rebelión. También se le acusa de conspiración en agravio del Estado.
La caída de Castillo, después de un gobierno desastroso, estaba cantada desde hace meses. Se mantenía sostenido en alfileres. Desde el inicio de su gestión perdió el apoyo de fuerzas afines que lo llevaron al cargo y atrincheró en solitario superando dos mociones previas de vacancia por parte del Congreso.
@RubenAguilar
