Desde hace muchos años, la DEA se había propuesto como uno de sus objetivos llevar ante la justicia de Estados Unidos a un alto mando del gobierno de México. Lo ha cumplido.
Ya no le parecía suficiente que el sistema judicial estadounidense juzgara y condenara a grandes narcotraficantes, que obtenía por el proceso de extradición.
Lo que quería era poner en el banquillo de los acusados a un personaje relevante del gobierno de México, para en su persona juzgar y condenar al gobierno, al ejército, a la policía y a la justicia de México.
El personaje elegido para hacer realidad este propósito fue el general Salvador Cienfuegos, que fue secretario de Defensa del presidente Peña Nieto (2012-2018).
Fue arrestado en Los Ángeles, California, el 6 de octubre de 2020, pero la presión diplomática del gobierno de México, logró su liberación el 18 de noviembre del mismo año. La DEA en esta ocasión no pudo cumplir su deseo.
Al día de hoy no se sabe cuál fue la negociación entre las autoridades mexicanas y las estadounidenses. Algún día se habrá de conocer.
La acción, entonces, se concentró sobre Genaro García Luna, secretario de Seguridad del presidente Calderón (2006-2012), hecho prisionero por la DEA, el 19 de diciembre de 2019.
En el marco del sistema de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía que acusó a García Luna lo que tenía que hacer era convencer al jurado de su culpabilidad.
La estrategia fue construir una narrativa, creíble y convincente, que a los 12 integrantes del jurado, ciudadanas y ciudadanos de a pie, les convenciera.
El fiscal interrogó a 25 criminales comprados (testigos protegidos), había anunciado que tenía 70, que uno tras otro dijo lo mismo.
Que García Luna había recibido sobornos, para proteger la actividad del Cártel de Sinaloa. Contaron historias que, por lo menos en alguna de sus partes, resultan increíbles, pero son muy efectivas.
Los integrantes del jurado, como gran parte de los habitantes de ese país, ya tenían una imagen de México como un país corrupto donde el narco negocia con los funcionarios públicos.
La Fiscalía no ofreció ninguna prueba material (fotos, videos, grabaciones, documentos…), pero sí un poderoso relato que convenció al jurado de la culpabilidad de García Luna.
El juicio y la condena, que logró la Fiscal va mucho más allá del político mexicano de alto rango que fue García Luna. Es un juicio y una condena a México y sus autoridades, que era el objetivo de la DEA.
A partir del juicio que se hizo al funcionario mexicano, que el jurado consideró culpable, la DEA y la justicia estadounidense han establecido un precedente muy poderoso y peligroso.
En adelante lo podrán utilizar para llevar a la cárcel a cualquier político, militar y policía de México. Ya saben cómo hacerlo. No es difícil, material hay.
@RubenAguilar
