- Legislación debe adaptarse a la nueva realidad del país
- Van 14 iniciativas presentadas, pero la discusión sigue estancada
México debe tomar acciones de forma urgente para evitar una crisis hídrica en los próximos años y décadas, y el primer eslabón es modernizar la legislación para adaptarla a la nueva realidad, donde se modernicen las concesiones, su monitoreo y vigilancia, así como las necesidades presupuestales y mecanismos de financiamiento para la infraestructura hídrica.
Así lo señala el estudio “Aguas en México, ¿escasez o mala gestión?” que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a través de su Centro de Investigación en Política Pública, en el que se recuerda que en febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento en México mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4°. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se concedió un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas a implementar a partir de la reforma constitucional, reemplazando así la Ley de Aguas Nacionales de 1992. A la fecha, una década después, su aprobación aún está pendiente.
Expone que la discusión sobre la nueva Ley de Aguas debe abordar algunas problemáticas urgentes para una mejor gestión del recurso, tales como:
-La falta de actualización de las disposiciones para otorgar títulos de concesión. Una concesión para la explotación de recursos hídricos tiene una vigencia de 5 a 30 años, sin un proceso transparente que permita cederla a un tercero en caso de que el usuario original ya no requiera utilizarla promueve malas prácticas entre los usuarios, como hacer uso de un volumen mayor al concesionado, traspasar el título a otros usuarios sin transparencia, o cambiar el uso sin la actualización de la concesión.
-Monitoreo deficiente. Los títulos para el aprovechamiento de agua registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no son monitoreados adecuadamente. El 97% no tienen medidor y 93% de los medidores instalados no han sido verificados, lo cual incentiva el uso desmedido y las tomas clandestinas, por las cuales se llega a perder hasta un 15% del agua potable en México.
-Menor vigilancia. En los últimos cuatro años se redujeron a más de la mitad las visitas que realiza la autoridad para vigilar el correcto uso del agua. Tan solo en 2013 se realizaron 10 mil 915 visitas mientras que en 2022 se realizaron solo 2 mil 812.
Desde septiembre de 2012 se han presentado 14 iniciativas para la nueva Ley General de Aguas. A lo largo de la última década, actores de la sociedad civil y de partidos políticos se han opuesto a las distintas iniciativas para la nueva Ley con el argumento de que su objetivo es, en el fondo, la privatización del recurso. Dada la dificultad para llegar a consensos, la discusión está estancada.
Desde 2021, la Comisión de Recursos Hídricos ha buscado revivir el tema con la propuesta para crear un Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica que cumpla los compromisos de inversión hídrica hacia 2030, se trata de 600 mil millones de pesos necesarios para atender las anomalías de los recursos hídricos en el país. Aún así, en enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que el Congreso de la Unión ha incurrido en una Comisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas.
