Hace 30 años en el municipio de Aguascalientes, se entregó la administración del agua a una empresa, las concesiones comenzaban a despuntar en el contexto del neoliberalismo. Y no uso la palabra en el sentido peyorativo o político que el presidente y la izquierda lo hace, sino en lo que significó en aquella época: un grupo de egresados de la escuela de Chicago retomaban las ideas del liberalismo económico que marcaban que los gobiernos no deberían intervenir en el mercado, dejar a la ley de la oferta y la demanda (obviamente ya con matices) y entonces lo que los gobiernos debieran de hacer es concentrarse en lograr las tradicionales libertades de la revolución francesa. Por esto, el gobierno mexicano vendió todas las empresas de que era propietario (salvo algunas excepciones) y se concentró, es un decir, en gobernar.
Fue en este contexto que se impulsó en Aguascalientes un modelo que se vendió como privatización: una empresa (CAASA) nos daría el servicio con calidad y eficiencia (la idea de que las empresas son mejores para proporcionar bienes y servicios) y se crearía una entidad gubernamental solo para la vigilancia del servicio, lo que hoy conocemos como Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado (CCAPAMA). Evidentemente una empresa tiene que tener fin de lucro, y tiene que tener mecanismos para que, ante el incumplimiento, se apliquen los cortes. A partir de esto comenzó una forma de dar el servicio que comenzó a levantar quejas de la ciudadanía y que provocó que los partidos, de todos los colores y sabores, usaran como lema de campaña el retirar la concesión a CAASA hoy transformado en Veolia. Todos los partidos fallaron, porque todos, de algún u otra forma, gobernaron durante los treinta años que duró la empresa, ya directo o en coalición (creo que solo por excepción del PT y los partidos locales de efímera duración).
Hay que asentar una primera verdad: el agua nunca estuvo privatizada al cien por ciento. Y esto, va en un sentido negativo para ciudadano y positivo para la empresa, es decir, CAASA jamás se encargó totalmente de las necesidades del agua, en la práctica, el ente CCAPAMA que solo debería ser vigilante, realizaba un sinfín de actividades e invertía una gran cantidad de recursos municipales en diversos aspectos del servicio, pareciera que ese modelo privatizador que defendieron recientemente algunos, en realidad solo funciona si está subsidiado (¿de qué otra forma llamarle a los recursos que invierte el municipio en el agua a pesar de existir un ente privado?) y apuntalado con los recursos del estado.
A medida que se acercaba la fecha de terminación (octubre del 23) comenzaron los debates, las discusiones y diferentes opiniones en torno a qué modelo debería operarse para el término de la concesión, prácticamente se hablaba de tres formas: una que era regresar el servicio del agua a manos del municipio (remunicipalización, le llamaron); otra, realizar una estrategia que incluyera recursos privados y públicos, modelo mixto le llamaron (que como ya explique, ya venía funcionando en Aguascalientes vía VEOLÍA-CCAPAMA) y por último la privada, que asumiera totalmente el servicio un ente mercantil.
Después de muchos debates, y de las evidentes intromisiones de actores políticos, mediáticos y económicos, finalmente el primer edil, Leo Montañez, presentó a los miembros del cabildo (que son los que deciden en primera instancia) un modelo donde municipio retomará el control y asumirá totalmente el servicio del agua. Para ello, se creará un organismo público descentralizado (OPD) que funcionará con un consejo directivo y un director general apoyado de una enorme estructura administrativa. Todo parece indicar que el agua volverá a pasar a las manos del municipio quien, asumiendo sus facultades constitucionales, tendrá el enorme reto de dotar al ciudadano de agua en los términos que establece la Constitución: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
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