Estimo pertinente hablar del tema, ya que dentro de la actividad jurisdiccional, la figura de la víctima resulta importante dentro del proceso penal, pues dentro del mismo se tomarán decisiones sobre sus derechos, y por lo tanto su intervención es relevante para el contexto que ha de conocer el Juez, motivo por el cual es necesario que la sociedad tome conciencia de su rol en el Sistema de Justicia Penal.
En el año 2016, entró en vigor en el Estado el denominado Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual cambió entre otras cosas la forma en la cual se valoraban las pruebas por parte del Juez, pero sobre todo que el Juzgador estaría frente a las partes en una audiencia para de resolver de forma transparente los asuntos puestos a su consideración.
Como resultado de lo anterior, la víctima conquistó un espacio dentro del procedimiento que antes no tenía, y a partir de la vigencia de Ley General de Víctimas y posteriormente el Código Nacional de Procedimientos Penales, se le dieron herramientas legales necesarias para hacer efectivos los derechos contenidos en estos compendios legales.
Cabe destacar, que si bien la víctima de un delito es reconocida legalmente a partir del momento en que sufrió la afectación a sus derechos, lo cierto es, que también estos cobran vigencia plena una vez que es presentada la denuncia o querella ante el órgano acusador, que no es otra cosa que la noticia que se da al Ministerio Público de que se cometió un delito, teniendo de manera muy general el plazo de los dos a tres años para interponerlas.
Así, una vez iniciada la investigación, la víctima tiene derecho a recibir atención médica o psicológica, tener acceso a un asesor jurídico, ofrecer y presentar pruebas ante el Ministerio Público, ser escuchado por el Juez que va a resolver su caso ya sea argumentando en defensa de sus intereses o también aportando pruebas que serán valoradas antes de tomar una decisión, interponer los recursos necesarios cuando no esté conforme con alguna determinación, entre otros derechos.
Los anteriores derechos, están resguardados y garantizados mediante la figura del Asesor Jurídico de la víctima, el cual es un abogado que la asiste en todas las etapas del procedimiento, desde la investigación hasta el desahogo de la audiencia de juicio oral, ello es, aportando pruebas y defendiendo de manera técnica los intereses de la parte afectada dentro de las audiencias.
Esta asesoría, se puede llevar a cabo a través de un abogado privado que puede designar la propia víctima, y en caso de no estar en esta posibilidad de hacerlo, se puede realizar a través de los Asesores Jurídicos Públicos, adscritos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, quienes acuden a cada una de las audiencias en las que haya que representar a una víctima del delito.
Con ello podemos advertir que la víctima cuenta con una participación activa dentro del procedimiento, ya que ahora tiene la posibilidad de aportar pruebas para acreditar los daños o perjuicios que le fueron ocasionados con motivo de la ejecución del hecho delictivo, aunado a que puede coadyuvar en la indagatoria aportando indicios o elementos probatorios que le sirvan al Ministerio Público, para acreditar los hechos materia de la investigación.
Lo anterior propicia que la víctima también cuente con la facultad de supervisar la actuación del Ministerio Público en la etapa de investigación, con la finalidad de verificar si se están recabando las pruebas necesarias y realizando las diligencias pertinentes para la acreditación del caso, lo cual incluso se puede realizar a través de una audiencia de Tutela de Derechos ante un Juez de Control, en la cual a petición de la víctima el Ministerio Público, debe exponer el avance de su investigación y en su caso la fecha probable en la que habrá de emitir alguna determinación, generando con ello certeza jurídica a la víctima respecto al estado de su caso.
Además, la víctima también tiene derecho de acceder a los mecanismos alternos de solución de controversias, los cuales le otorgan un especial control sobre la forma en la que ha de resolverse su asunto, accediendo de manera rápida a la reparación del daño sin que sea necesario llegar a una sentencia.
Dentro de estos mecanismos se encuentra el acuerdo reparatorio en el cual la víctima conviene con la parte imputada el monto de la reparación del daño generado con motivo del hecho delictivo, y que en caso de pagarse puede concluir el proceso, lo cual también ocurre con la suspensión condicional del proceso, que consiste en que el imputado de cumplir diversas condiciones y pague la reparación del daño, también conlcuya el proceso, siendo que com este mecanismo que se tutelan los intereses inmediatos de las víctimas, pues en ambos casos ante un incumplimiento de parte del imputado, el proceso se reanuda como si no se hubieran celebrado.
Estos son sólo algunos ejemplos de los amplios derechos que tiene la víctima del delito dentro del proceso penal, los cuales fomentan su participación activa dentro del proceso penal que también es suyo y en el que no está sola, pues además el respeto a estos derechos es vigilado por los Jueces de Control, quienes están obligados a identificar aspectos especiales de las víctimas y con ello juzgar con perspectiva de género, de adulto mayor, o atendiendo el interés superior del menor; de ahí su importancia de conocerlos para hacerlos efectivos, pero sobre todo del Ministerio Público a través de la denuncia.
*Juez de Control y Juicio Oral
