- De no hacerlo se incurre en responsabilidad, advirtió el magistrado presidente
- Cualquier persona está facultada para denunciar incumplimiento
La reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala de inconstitucionales los artículos del Código Penal de Aguascalientes que se refieren a la despenalización del aborto es de gran trascendencia para el estado, y los ajustes al respecto se deberán de acatar o incurrir en responsabilidad, señaló el magistrado presidente de Supremo Tribunal de Justica estatal, Juan Rojas García.
“Yo soy respetuoso de las expresiones”, dijo el magistrado presidente con relación a quienes llaman a desoír el mandato de realizar los ajustes al Código Penal en el Poder Legislativo, “yo nada más señaló que el Poder Judicial de Aguascalientes observará esta y todas las sentencias de la Corte, sabedores que este es nuestro sistema de justicia y porque sabemos también que hay una responsabilidad”.
Destacó que en el Poder Judicial de Aguascalientes existen al menos cuatro casos en el tema de aborto, más no relacionados con la sentencia que refiere la SCJN, que trata de la interrupción del embarazo consentido por la mujer; los cuatro expedientes en proceso tratan de abortos provocados por lesiones o feminicidios, los cuales seguirán su cauce legal, pues no entran en los criterios de la reciente reforma. Consideró que los 73 expedientes de los que se habla el proyecto avalado por los cuatro magistrados de la Corte son los que están en proceso de investigación.
Respecto a los ajustes que mandata la SCJN señaló que estos deberán de realizarse, ya que se trata de “la última palabra, pues no está a discusión, y nosotros en el Poder Judicial por supuesto que la vamos a acatar”, recalcó.
Advirtió a las personas o autoridades que decidan no acatar este ordenamiento estarían incurriendo en una responsabilidad, “las órdenes de la Corte se acatan, no se debaten, ya no hay discusión, ya es un punto resuelto”, subrayó.
Clarificó que en caso de desacato a mandato del SCJN, el Poder Judicial estatal no tiene la facultad para emitir una sanción, aunque sí a nivel federal directamente y en caso de que haya quien emita una denuncia en este sentido podría tener una respuesta favorable, al insistir que las sentencia son para cumplirse, no para debatirse, “al resolver nuestro máximo tribunal deberá ejecutarse, no se ejecuta hay posibilidad que se sancione a la autoridad que incurra en desacato, y las personas están facultadas para denunciar este incumplimiento”.
Explicó que seguramente las asociaciones civiles que promovieron el amparo estarán atentas a que se atienda la sentencia de la máxima autoridad judicial para señalar a quien entre en rebeldía.
