En la actual administración federal, el Ejército se ha vuelto un empresario, un inversionista y un contratista privado, tareas que no eran parte de su misión en gobiernos anteriores.
De acuerdo a datos oficiales en 2018, el Ejército ejerció el 3.0% del monto total de la inversión física directa del gobierno y en 2024, será el 17.0%. El crecimiento en seis años es del 500%.
El Ejército subcontrata a privados en licitaciones directas, de las cuales no se conocen sus términos, porque están al margen de la Ley de Obra Pública. Se sospecha del manejo de las mismas.
Ya en el primer año de este gobierno, el Ejército ejerció el 7.0% de la inversión física directa, de un año al otro tuvo un crecimiento de más del 100%.
En 2020 y en 2021 fue del 8.0%, en 2022 cayó al 5.0%, en 2023 al 1.0% y en 2024, el último año de la presente administración, llega al 17.0%.
El monto y el tamaño de las obras que se han entregado al Ejército en esta administración es, con mucho, el mayor en la historia moderna del país.
En 2024, un solo actor va a tener casi el 20.0% de todo el recurso de la obra física de la actual administración. No existe ningún antecedente de esto en la historia del país.
Los militares nunca habían manejado tales niveles de recursos económicos y lo hacen con nula transparencia. De lo que gastan no rinden cuentas. Se cobijan en que son obras de seguridad nacional.
México Evalúa, organización de la sociedad civil sin fines de lucro, considera que el Ejército, ahora claro actor del mercado, puede afectar la libre competencia y los precios de materiales e insumos.
El actual gobierno ha justificado su decisión de dar cada vez más recursos para obra física al Ejército bajo el argumento de la honradez y eficacia de los militares.
No es claro que así sea. En obras físicas en las que han participado como el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya los gastos se han multiplicado más del 100%.
El comandante en jefe, el presidente López Obrador, transformó al Ejército, en muy poco tiempo, en un empresario, inversionista y contratista privado que compite, con ventajas, en el mercado.
Es dueño de negocios que por ahora deben de ser subsidiados, como el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. No es claro cuando esas obras podrán ser rentables si es que algún día lo son.
Por lo pronto hay especialistas que estiman que para su funcionamiento el Tren Maya requiere subsidios hasta el 2040 y el aeropuerto de Santa Lucía por lo menos hasta 2028.
Recursos que se manejan en secreto como todos los que recibe y gasta el Ejército en su carácter de propietario, inversionista y contratista privado.
A un grupo de altos mandos, en activo y en retiro, molesta mucho esas “funciones” asumidas por el Ejército. Saben de los niveles de corrupción de los ejércitos del mundo que están metidos en negocios privados. ¿Por qué el de México sería diferente?
@RubenAguilar
