Juan Rojas García señaló que el Poder Judicial local, sin específico de algún tema o contra alguien en particular, emite las resoluciones en primera instancia las cuales, muchas de estas, son revisables por los magistrados de segunda instancia.
La sentencia de 4 años de prisión y el pago de 2.2 millones por reparación de los daños ocasionados, así como el no poder ostentar ningún cargo por un periodo de tres años que le fue dictada al exgobernador Martín Orozco Sandoval, por el delito de uso indebido del ejercicio público y tráfico de influencias podrá ser apelado, por lo tanto, no se ha dicho la última palabra, consideró el presidente magistrado de Poder Judicial, Juan Rojas García.
Señaló que el Poder Judicial local, sin específico de algún tema o contra alguien en particular, emite las resoluciones en primera instancia las cuales, muchas de estas, son revisables por los magistrados de segunda instancia, por tanto “cabe la posibilidad, en todos los asuntos, de que la autoridad federal las revise”, indicó.
Rojas García recalcó que el Poder Judicial de Aguascalientes no tiene interés en algún tipo de asunto, “en ninguno de todos los que existen y, al contrario, lo que ha resuelto la autoridad federal lo hemos acatado y lo vamos a acatar siempre, porque este es nuestro estado de derecho, es nuestro sistema judicial y nosotros abonamos a que se respeten las decisiones federales cualquiera que sea el sentido”, indicó.
Insistió en que en los poderes judiciales locales no se busca ni se tiene ningún interés en lo que les toca resolver. “Como en todos los asuntos a veces nos va bien con una parte y en veces mal con otra y a veces mal con todos, es algo normal en los juzgadores”, explicó.
Dijo que por tanto es legítimo, y más que legítimo, correcto y adecuado que en todos los casos se cuestione la validez de una sentencia. “Esto es parte de nuestro sistema y para nosotros no es extraordinario, es lo normal, que se agoten las instancias que se tengan que agotar y que se resuelva al final lo que sea adecuado a derecho, sin importar de quien se trate”, dijo.
Rojas García sostuvo que los jueces no ven que tipo de persona es, pues sólo emiten las sentencias y estas deben y pueden ser impugnadas. Comentó que toda sentencia debe de ejecutarse una vez que quede firme, “eso significa que cuando ya se agotaron los recursos, cuando ya pasó el tiempo y nadie se inconformo o si se inconformaron ya no hay otra manera de que se revise y a partir de esa manera tienen que cumplirse las sentencias, en qué sentido, pues en el sentido que queden al final”, comentó.
Señaló que, en todos los juicios, aclarando que no sólo en el caso del exgobernador, la sentencia de primera instancia admite por regla general un recurso que los magistrados analizan y luego la vía del amparo, que ya pertenece al Poder Judicial federal, incluso dijo, hay algunos asuntos que han llegado hasta la Corte, pero ese es el camino natural en todos los casos, donde la Corte tendría la última palabra y el Poder Judicial acatará lo que se dicte.
