Es claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está dando muestras de desajustes en su correcto funcionamiento. Se sabía de algunas críticas y de actuaciones no deseables en un poder que imparte justicia.
Aspectos como que es una estructura institucional compuesta con familiares donde directivos y magistrados incorporan a los hijos, sobrinos, esposas, etc. para hacer una carrera judicial desde una posición de privilegio. Que es una institución muy desigual donde algunos obtienen salarios desproporcionados, en comparación de algunas áreas que están totalmente castigadas en ingresos, recursos y prestaciones.
Que es un poder poco transparente que maneja su presupuesto de forma arbitraria, ocultando los beneficios que obtienen las estructuras predominantes. Que hay casos de jueces y magistrados que son parte de la maquinaria del crimen organizado que operan a partir de sobornos.
Que algunas de las estructuras son totalmente insensibles y que su actuar en la impartición de justicia perjudica a los más pobres por una falta de compromiso en el debido proceso.
Que hay miles de presos que tienen muchos años recluidos esperando una sentencia sin que puedan obtener un veredicto por su falta. Estas y algunas más son las críticas que se le han venido atribuyendo a la máxima autoridad que imparte justicia en este país.
Lo que no sabíamos, y que se ha dado a conocer recientemente es cómo operaba internamente para presionar y extorsionar a jueces y magistrados para lograr resoluciones que beneficien a alguna de las partes en litigio.
Seguramente habrá ocurrido con anterioridad, lo extraordinario de la etapa donde Arturo Zaldívar actuó como presidente de la Corte es que su intervención no fue aislada o en un caso particular, operó reiterada y sistemáticamente esta conducta.
Con toda intención conformó un equipo de operadores políticos que hicieran el trabajo sucio para presionar asuntos que salieran favorables al interés del presidente. Se dice que el operador principal del lado del Ejecutivo era Julio Scherer cuando fue consejero de la Presidencia con AMLO. Así fue expuesto en la demanda.
Por primera vez se muestra un modus operandi que no se conocía, que no salía a la luz y que Arturo Zaldívar perfeccionó para escalar en una carrera política que le permitiera pasar de los altos niveles de un poder, a otro que le siguiera redituando beneficios personales, aunque con ello comprometiera la integridad e independencia del poder al que debía servir, al Poder Judicial.
Está claro que la demanda contra Arturo Zaldívar fue un acto desesperado de la parte que está defendiendo la autonomía y que decidió jugarse el todo por el todo por mantener la autonomía del Poder Judicial frente a los otros poderes.
El cisma apenas empieza, terminará muy seguramente exponiendo trapos sucios de la SCJN que hará necesaria la revisión y modificación del marco legal en el que opera este poder, aunque al presidente ya no le tocará ser protagonista del rumbo que esto tome.
@normaglzz
