La mayoría de los casos los amparos han sido ganados. Sin perjuicios el paro de trabajadores y jueces del Poder Judicial Federal
Son alrededor de 800 asuntos de igual número de usuarios lo que han solicitado amparo contra el cobro del Servicio Integral de Iluminación Municipal (SIIM), anteriormente conocido como Derecho de Alumbrado Público (DAP), esto desde el despegue de la actual administración municipal en el 2021, informó el secretario del Ayuntamiento, Javier Soto Reyes.
El funcionario expuso que en la mayoría de los casos presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Federación, es el usuario el que resulta favorecido por el amparo, y esto obliga a la autoridad a devolver el porcentaje correspondiente a dicho gravamen en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Hay algunos en los cuales son por cuestiones domésticas y son juicios de hasta 100 o 200 pesos y hay algunas cuestiones industriales en las que se hace un poco más grande el monto, dependiendo el giro, pero nunca excede del ocho al diez por ciento del cobro de la luz sin contar impuestos y sobre eso se hace el cálculo de cada persona”.
El secretario hizo referencia al amparo interpuesto por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) en contra de este impuesto; al respecto, informó que no ha sido notificado si existe una sentencia favorable al mismo y por tanto desconocen cuál es la cifra que se le deberá de devolver a la dependencia estatal.
“Hasta los registros de oficialía del día de ayer, no habíamos recibido como tal un escrito del juzgado. Creo que esto es derivado del cierre de juzgados federales, pero en cuanto lo recibamos lo estaremos atendiendo con mucho gusto”, subrayó el funcionario.
Respecto a si hay algún perjuicio respecto al paro laboral de trabajadores y jueces del Poder Judicial de la Federación, apuntó que, dado que seguirán recibiendo asuntos urgentes, confían en que no se entorpecerá en gran medida la labor de la administración municipal.
Cabe recordar que la SCJN ha determinado en varias ocasiones la inconstitucionalidad del cobro antes conocido como el DAP, al considerar que es una contribución en materia energética y, por tanto, competencia del legislativo federal, y no de las Leyes de Ingresos de los municipios.
