- Peña Nieto tiene en el caso Acteal oportunidad para demostrar la desaparición del régimen
- Critican diputados del Panal que Chuayffet funja como secretario de Educación
A 15 años de la matanza de Acteal, o al cabo de “tres lustros de impunidad”, el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza (Panal) en Congreso del Estado criticó que los gobiernos federales del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional hayan operado políticamente para evitar sean castigados los autores del asesinato de 45 personas, acaecido en aquella comunidad chiapaneca, en el marco de un operativo contrainsurgente conducido por el Estado.
Asimismo, Heriberto Gallegos, Luis Rubén Romo, José Manuel González y Marco Reyes, quienes emitieron el posicionamiento, criticaron que Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación, quien renunciara al cargo por “razones de conciencia”, cuando sucedió la tragedia del 22 de diciembre de 1997, hoy se encuentre instalado como secretario de Educación en la administración de Enrique Peña Nieto.
“Vaya este México kafkiano, cómo entender que aquél que se va por la puerta de atrás, ahora regresa como el gran educador que con autoridad moral habrá de orientar la formación de nuestros niños y jóvenes para la justicia, la paz y la libertad”.
Los diputados manifestaron a su vez que la actual administración tiene en el expediente de Acteal la oportunidad de demostrar que no pertenece a las corrientes del viejo régimen.
“Bastaría con que emprendiera un esclarecimiento verosímil de las responsabilidades de los altos mandos que operaban hace 15 años en los ámbitos federal y estatal, que retirara la inmunidad concedida a Zedillo y que permitiera, en su caso y en los de otros, la actuación libre e irrestricta del Poder Judicial y de instancias internacionales de justicia”.
El posicionamiento del Panal también cita la masacre del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la guerra sucia de los ex presidente Luis Echeverría y José López Portillo, “los asesinatos políticos perpetrados durante el salinato” y la violación masiva de derechos humanos producida por la guerra contra la delincuencia organizada.
Respecto al ataque contra las comunidades zapatistas, el documento leído en tribuna durante la última sesión plenaria, refiere que “los criminales recibieron entrenamiento y armas por parte de efectivos militares regulares y que las corporaciones policiales federal y estatal no hicieron nada por impedir la masacre”.
Por último se exige aplicación de la justicia sobre Ernesto Zedillo, entonces titular del Ejecutivo; Julio César Ruíz Fierro, ex gobernador de Chiapas; Jorge Madrazo Cuéllar, ex procurador de la República, así como sobre los militares Mario Renán Castillo y Enrique Cervantes Aguirre.
“En aquel momento, el gobierno de Ernesto Zedillo intentó presentar la atrocidad como consecuencia de un conflicto intercomunitario y hasta por la disputa por un banco de arena, pero organizaciones nacionales y extranjeras demostraron que había sido, en realidad, un episodio inscrito en la estrategia de contrainsurgencia”.
