Un impactante caso ha estremecido a Nueva York desde el domingo. Sebastián Zapeta, de 33 años, ya ha sido formalmente acusado de homicidio e incendio intencional tras prender fuego a una mujer que dormía en la estación de Coney Island, en Brooklyn. Según la fiscalía, el hombre avivó las llamas con una camisa, observando desde una banca mientras la víctima se quemaba.
El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, calificó el acto como “malicioso” y señaló la vulnerabilidad de la víctima, quien al parecer vivía en situación de calle. Aunque aún se trabaja para confirmar su identidad mediante huellas dactilares y ADN, González recordó que detrás de cada víctima hay una familia que sufre por esta pérdida.
Enfrentará múltiples cargos
Zapeta enfrenta varios cargos: de homicidio y uno de incendio intencional, que podrían llevarlo a una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El acta de acusación será revelada el próximo 7 de enero.
El acusado, originario de Guatemala y señalado por las autoridades migratorias como un inmigrante que ingresó ilegalmente al país tras haber sido deportado en 2018, fue arrestado el mismo día del incidente. Inicialmente negó saber lo que ocurrió, alegando que bebía alcohol frecuentemente, a pesar de que más tarde se identificó a sí mismo en imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el ataque.
Seguridad en el metro bajo escrutinio
Este crimen ha reavivado los temores por la seguridad en el sistema de transporte público más grande de Estados Unidos. Aunque la delincuencia en el metro ha disminuido en general este año, los homicidios han aumentado, pasando de cinco casos en 2023 a nueve hasta noviembre de 2024 (sin contar a la mujer que murió quemada ni al hombre que fue apuñalado mortalmente en una estación de metro de Queens).
Este incidente, junto con otros ataques violentos, ha generado preocupación entre los millones de neoyorquinos que usan el metro a diario.
Por su parte, el alcalde Eric Adams ha solicitado la colaboración de la policía con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para evaluar posibles cargos adicionales a nivel federal.
Este escalofriante caso no sólo refleja un crimen atroz, sino también la necesidad de fortalecer la seguridad en espacios públicos y buscar justicia para las víctimas más vulnerables.
