El Senado de la República aprobó recientemente una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lo que ha generado un debate intenso entre los distintos sectores políticos y sociales en México. Con una promesa de ampliación del acceso a la vivienda, la iniciativa también ha sido objeto de críticas por sus implicaciones financieras y administrativas, especialmente en lo que respecta al uso de los fondos de los trabajadores.
Principales Cambios en la Reforma
La reforma introduce modificaciones estructurales en el funcionamiento del Infonavit, con tres ejes fundamentales:
- Creación de una empresa filial constructora: Esta entidad se encargará de desarrollar vivienda de interés social y de implementar un sistema de arrendamiento accesible para trabajadores con bajos ingresos. Sin embargo, operará bajo términos del derecho privado y sin estar sujeta a la Ley de Entidades Paraestatales, lo que ha generado preocupaciones sobre la falta de controles estrictos.
- Uso de recursos del Infonavit para financiar construcción de viviendas: La reforma permite que los 2.4 billones de pesos en subcuentas de vivienda puedan destinarse, previo acuerdo del Consejo de Administración, a la construcción, administración y arrendamiento de vivienda.
- Supervisión y transparencia: Se garantiza la fiscalización del Infonavit a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), aunque se han señalado vacíos normativos en la regulación de la empresa filial.
Lo bueno…
El gobierno y sus aliados defienden la reforma como una acción que resarcirá décadas de desigualdad en el acceso a la vivienda digna:
- Expansión del acceso a la vivienda: La creación de 500,000 viviendas bajo el modelo de arrendamiento social ofrece una solución viable para trabajadores de bajos ingresos que no pueden acceder a créditos hipotecarios.
- Equilibrio en la toma de decisiones: Se mantiene la participación tripartita entre gobierno, trabajadores y empresarios en los órganos de gobierno del Infonavit, lo que en teoría aseguraría decisiones más justas y equilibradas.
- Fiscalización reforzada: Se establecen mecanismos de auditoría para garantizar el uso adecuado de los fondos, reduciendo el riesgo de corrupción en la administración de los recursos.
Lo malo…
Pese a sus supuestos beneficios, la reforma ha sido severamente criticada por la oposición y expertos en urbanismo y finanzas, quienes advierten sobre los siguientes riesgos:
- Uso discrecional de los fondos de los trabajadores: La decisión de utilizar recursos de las subcuentas de vivienda para la construcción de viviendas sin un marco de transparencia adecuado podría comprometer los ahorros de millones de trabajadores.
- Concentración de poder en el gobierno: Se otorgan amplias facultades al Director General del Infonavit, quien tendrá derecho de veto sobre decisiones clave, lo que podría vulnerar el principio de gobernanza tripartita.
- Falta de garantías sobre la viabilidad financiera: Expertos han advertido que la creación de una empresa estatal de vivienda podría generar pérdidas millonarias si no se gestiona adecuadamente, afectando la sostenibilidad del Infonavit a largo plazo.
- Opacidad en la empresa filial: Dado que la filial no estará sujeta a la Ley de Entidades Paraestatales ni a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, existe el riesgo de falta de rendición de cuentas y de manejos discrecionales.
Lo que implica…
Los trabajadores y patrones se encuentran en el centro del debate, ya que la reforma cambia la manera en que se gestionan los fondos de vivienda:
- Los trabajadores podrían perder control sobre sus ahorros: Con la nueva normativa, los fondos que antes estaban disponibles para créditos hipotecarios individuales ahora podrían ser destinados a proyectos de vivienda estatal, reduciendo la libertad de elección.
- Para los empresarios, el esquema podría desincentivar la inversión privada: Si el Estado se convierte en un actor dominante en la construcción de vivienda, podría afectar la participación de desarrolladores privados y generar incertidumbre en el mercado inmobiliario.
¿Avance Social o Riesgo Económico?
La reforma al Infonavit representa un cambio profundo en la política de vivienda en México, con potenciales beneficios para los sectores más vulnerables, pero también con riesgos financieros y administrativos que podrían impactar negativamente a los trabajadores. La clave estará en la implementación de mecanismos de transparencia y control que garanticen el uso adecuado de los fondos y eviten que se convierta en una herramienta de uso discrecional por parte del gobierno.
En este contexto, la vigilancia ciudadana, el seguimiento por parte de los organismos de fiscalización y la presión de los sectores involucrados serán determinantes para asegurar que la reforma cumpla con sus objetivos sin poner en riesgo la estabilidad financiera del Infonavit y los ahorros de los trabajadores.
