La infancia debería ser una etapa de juegos, sueños y oportunidades, no de partos y responsabilidades impuestas. Pero en México, miles de niñas son obligadas a ser madres antes siquiera de terminar la primaria.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Información en Salud, en 2024, al menos 7,855 niñas de entre 10 y 14 años en México fueron obligadas a convertirse en madres, la mayoría de estos embarazos fueron producto de violencia sexual.
Son niñas, no madres
Se estima que el 70% de las niñas que llegan a los servicios médicos en el primer trimestre de gestación no reciben información sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo. Esta omisión impide que ejerzan sus derechos, como la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en casos de violencia sexual.
En hospitales y centros de salud, en lugar de recibir protección, información y apoyo, miles de niñas fueron empujadas a la maternidad forzada. Estados como Chiapas, Estado de México, Veracruz y Puebla registraron los mayores índices de casos, con un promedio de 500 partos infantiles al año.
En Veracruz, por ejemplo, donde existe una alerta de género por agravio comparado que obligó a la despenalización del aborto, solo se realizaron 17 interrupciones legales del embarazo en 2024. En contraste, en el mismo estado, más de 600 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz. Estos datos evidencian que, pese a los avances legales, el acceso real a la IVE sigue siendo limitado o prácticamente nulo para muchas menores.
Partos forzados: una forma de tortura
El daño que sufren estas niñas no se limita a la maternidad forzada. En muchos casos, además, son obligadas a dar a luz mediante partos vaginales (eutócicos), sin considerar los riesgos físicos y psicológicos que esto implica para sus cuerpos aún en desarrollo.
La evidencia científica es clara: el riesgo de muerte materna es cuatro veces mayor en menores de 14 años en comparación con mujeres adultas. Aun así, las autoridades siguen sin tomar medidas efectivas para prevenir estas situaciones. En muchos hospitales, las niñas llegan con complicaciones graves y, en lugar de recibir atención integral, se ven obligadas a continuar con un embarazo que pone en peligro sus vidas.
Negligencia e impunidad
La normatividad establece que los funcionarios del sector salud deben dar aviso inmediato a la Fiscalía General del Estado cuando una menor embarazada llega a los servicios médicos, pues se presume la existencia de un delito. Sin embargo, en la práctica, esto no ocurre de manera sistemática.
“Muchas veces esa es la única oportunidad que hay para acceder a la menor y que pueda ser resguardada. Hay un camino muy claro de qué hacer en estos casos, el problema es que las instituciones y las autoridades no lo tienen claro, por eso las niñas siguen siendo madres”, señala Adriana Fuentes, representante de Equifonía A.C.
Equifonía ha documentado casos en los que niñas que solicitaron una IVE enfrentaron maltrato por parte del personal de salud. En al menos tres situaciones, las familias han valorado interponer quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos debido a la negativa del sector salud para brindarles el servicio.
La resistencia al derecho de decidir
Aunque en la última década la despenalización del aborto ha avanzado en multiples estados del país, la resistencia de las instituciones persiste. Rebeca Ramos, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), advierte que la criminalización del aborto no ha reducido su incidencia ni ha mejorado la salud pública. “Lo único que ha logrado es generar más obstáculos para quienes necesitan acceder a estos servicios”, sostiene.
Los sectores políticos y religiosos que se oponen a la IVE han obstaculizado sistemáticamente su implementación, incluso en los casos más extremos, como el de niñas víctimas de violación. Esto deja en evidencia que la lucha no es solo legal, sino también cultural e institucional.
Urge un cambio: el Estado debe actuar
Ante esta crisis de derechos humanos, organizaciones como Equifonía A.C. y GIRE exigen que las autoridades cumplan con su deber. Es fundamental que el acceso a la IVE sea garantizado sin dilaciones ni obstáculos administrativos.
Además, es urgente que el Congreso y las comisiones de derechos de la infancia y salud exijan cuentas al sector salud por la negligencia sistemática que condena a miles de niñas a la maternidad forzada.
El Estado mexicano tiene una deuda con estas niñas. No se trata solo de cifras, sino de vidas truncadas, de infancias arrebatadas y de una estructura institucional que sigue fallando en su obligación de protegerlas. Mientras las autoridades continúen ignorando su responsabilidad, miles de niñas seguirán siendo obligadas a ser madres, víctimas no solo de sus agresores, sino también de un sistema que les niega justicia.
