El caso de Fátima Zavala, la estudiante de 13 años que cayó desde un piso de la Escuela Secundaria Diurna Número 236 en Iztapalapa, continúa generando indignación y dudas sobre la actuación de las autoridades. Tras semanas de incertidumbre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha rectificado su postura inicial y ahora no descarta que el acoso escolar haya jugado un papel determinante en el incidente. A pesar de esta actualización, la familia sigue exigiendo justicia y acciones concretas contra los responsables.
Desde el inicio de la investigación, los padres de Fátima han sostenido que su hija fue víctima de bullying constante debido a su afición por la música K-Pop. Según su padre, Juan Zavala, la menor había denunciado agresiones físicas y verbales con anterioridad, pero las autoridades escolares ignoraron las advertencias. Documentos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirman que Fátima presentó una denuncia formal en diciembre de 2024, la cual no derivó en medidas efectivas. La única acción tomada fue la organización de talleres preventivos a los que no asistieron los padres de los presuntos agresores.
El pasado 4 de febrero, la tragedia ocurrió: Fátima cayó desde un piso de su escuela, sufriendo graves lesiones en la cadera y la pelvis. Inicialmente, la FGJ-CDMX sostuvo que la menor estaba sola en el momento del incidente y que no había pruebas de una agresión. Sin embargo, en un giro reciente, la Fiscalía ha reconocido que aún hay elementos por esclarecer y que la posibilidad de un delito sigue abierta. Este cambio de postura ha sido recibido con escepticismo, pues para la familia de Fátima, las autoridades han actuado con negligencia y revictimización en lugar de enfocarse en sancionar a los responsables.
En respuesta a las inconsistencias de la investigación, los padres de Fátima enviaron una carta a la fiscal Bertha Alcalde Luján, en la que acusaron a la FGJ-CDMX de parcialidad y solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República para garantizar una investigación imparcial. La familia también ha señalado como irresponsables las declaraciones del titular de la SEP, Mario Delgado, quien ha insistido en que no existen pruebas concluyentes de que Fátima haya sido empujada.
A nivel nacional, el caso ha reabierto el debate sobre la ineficacia de los protocolos contra el bullying en México. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 24% de los estudiantes de secundaria y bachillerato han sido víctimas de acoso escolar. Sin medidas contundentes, la tragedia de Fátima se suma a la larga lista de casos en los que la indiferencia institucional permite que el bullying escale hasta consecuencias irreversibles.
Mientras Fátima sigue en proceso de recuperación tras una cirugía para corregir múltiples fracturas, su familia continúa su lucha por justicia. La comunidad exige respuestas claras y acciones concretas para prevenir futuros casos de acoso escolar. La impunidad no puede seguir siendo la norma.
