Pocas veces la geografía política se ve tan literalmente desplazada como cuando la “frontera” de un país se defiende con misiles Tomahawk y radares de última generación… en medio del océano. El gobierno de Estados Unidos ha decidido que, ante amenazas como la inmigración ilegal, el narcotráfico y la piratería, lo mejor es desempolvar su artillería pesada y desplegar destructores navales en sus aguas costeras, bajo la consigna de proteger la “integridad territorial” del país. Una interpretación bastante elástica del término.
El protagonista más reciente de este ejercicio de seguridad anfibia es el USS Spruance (DDG-111), un destructor clase Arleigh Burke, equipado con una panoplia que haría sonrojar a cualquier villano de película de acción: misiles Tomahawk, sistemas CIWS Phalanx, torpedos antisubmarinos, helicópteros armados con Hellfire y hasta sensores para detectar submarinos invisibles. Todo ello al servicio de una misión declarada como lucha contra el terrorismo marítimo, el crimen transnacional, la destrucción ambiental y —por supuesto— la migración ilegal por mar.
Este despliegue es parte de una estrategia del Comando Norte de Estados Unidos, que ya había enviado la semana anterior al USS Gravely al Golfo de México. El plan parece claro: vigilar las costas este y oeste con naves de guerra, en coordinación con destacamentos de la Guardia Costera (LEDET) especializados en interdicción marítima. Porque nada dice “control fronterizo” como un destructor armado hasta los dientes frente a las costas del Pacífico.
Según el general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte, la medida responde a una orden ejecutiva presidencial —de esas que suelen llegar con aire de campaña— y tiene como objetivo “lograr el control operativo de la frontera”. La narrativa oficial insiste en que esto no es una acción hostil contra México, sino una maniobra interna de seguridad. De hecho, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó que fue notificada del despliegue y que las embarcaciones se encuentran en territorio estadounidense y aguas internacionales, cumpliendo con el protocolo.
Claro está, la explicación técnica abunda. El Spruance, que recientemente regresó de operaciones en el Medio Oriente como parte del grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln, es descrito como un buque “multimisión”, capaz de operar solo o en conjunto con fuerzas aliadas. Nada mal para una nave que ahora se dedicará a patrullar rutas migratorias, detectar botes con contrabando y, quizá, espantar alguna lancha con migrantes desde lejos.
La pregunta incómoda, sin embargo, no desaparece: ¿es proporcional usar un buque diseñado para zonas de conflicto global como herramienta de política fronteriza? ¿Hasta qué punto la militarización del espacio marítimo —con recursos que bien podrían estar en zonas de tensión real— se convierte en una declaración de principios más simbólica que efectiva?
La estrategia parece una extensión oceánica de la doctrina del muro, con esteroides. Si antes la política migratoria buscaba levantar barreras físicas, ahora las barreras son móviles, flotan y están listas para disparar. Más que una solución pragmática, la imagen proyectada es la de una potencia que prefiere responder a problemas sociales con soluciones bélicas. Porque en el fondo, ¿qué mejor forma de lidiar con la migración que con artillería naval?
