Dos fotorreporteros muertos, un festival que no se detuvo de inmediato y una cadena de responsabilidades que hoy se investiga desde tres niveles distintos de gobierno. El colapso de una estructura metálica en el Festival AXE Ceremonia 2025, celebrado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, dejó expuesta no solo una falla logística mortal, sino un ecosistema de concesiones, permisos y omisiones en el que convergen empresas, organizadores, autoridades locales y federales.
El sábado 5 de abril, durante la presentación del músico Meme del Real (integrante de Café Tacvba), una estructura decorativa que era movilizada por una grúa cayó sobre los fotógrafos Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlali Berenice Giles Rivera, quienes cubrían el evento para el medio Mr. Indie. Ambos fallecieron por traumatismos craneoencefálicos. La estructura, descrita como parte del sistema de señalización del festival, fue colocada sin autorización oficial y no estuvo presente durante la inspección previa del evento por parte de Protección Civil.
Aunque el accidente fue inmediato, el festival no fue suspendido sino hasta horas más tarde, cuando la alcaldía Miguel Hidalgo ordenó su cancelación formal. Para entonces, los cuerpos de las víctimas aún permanecían en el lugar del incidente. Esta tardanza en la reacción encendió la indignación del gremio periodístico y de la ciudadanía. Al día siguiente, el Parque Bicentenario fue escenario de una protesta pacífica encabezada por periodistas, quienes exigieron justicia bajo consignas como “no fue un accidente” y “nadie merece morir por lo que ama”.
Las múltiples capas de responsabilidad
En términos legales y administrativos, el caso ha desatado una investigación compleja que abarca al menos tres niveles de responsabilidad, de acuerdo con Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX). Por un lado, se investiga a las empresas encargadas de operar físicamente la maquinaria involucrada en el colapso; en segundo lugar, a los organizadores del festival, quienes debieron cumplir con la normatividad vigente en materia de protección civil; y finalmente, a las autoridades responsables de supervisar y autorizar el evento.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha señalado que las grúas utilizadas en el festival no fueron reportadas ni autorizadas, lo que evidencia una supervisión deficiente. La alcaldía Miguel Hidalgo, por su parte, admitió que los organizadores no notificaron la instalación de dichas estructuras, afirmando que fue una “decisión de última hora”, aunque videos promocionales del evento muestran claramente estos elementos como parte del montaje oficial.
La concesión: un contrato con historia
Uno de los focos más importantes de la investigación se ha dirigido a la naturaleza de la concesión del Parque Bicentenario, lugar donde ocurrió la tragedia. Originalmente construido sobre los terrenos de la antigua refinería de Azcapotzalco, el parque fue rehabilitado y luego concesionado por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat). Sin embargo, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, la concesión pasó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que actualmente depende de la Secretaría de Hacienda.
La empresa beneficiaria de esta concesión es Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, la cual asumió la administración del parque desde el 1 de marzo de 2018. Según el contrato, la empresa está obligada a gestionar y presentar los permisos y autorizaciones necesarios para cualquier tipo de actividad desarrollada en el recinto. No hacerlo —como parece haber ocurrido en este caso— puede constituir una causa para revocar la concesión, posibilidad que ya está siendo analizada por el Indaabin y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que es imperativo “revisar la concesión del lugar”, enfatizando que el gobierno federal, a través de Sedatu, ya analiza si bajo estas circunstancias es viable retirarla. También subrayó que la Fiscalía debe investigar a fondo la cadena completa de responsabilidades: desde los concesionarios y organizadores del evento, hasta los servidores públicos que participaron en las autorizaciones. “No debe haber impunidad”, insistió, pese a que en sus declaraciones iniciales omitió mencionar a los organizadores, a quienes sólo hizo referencia tras la presión de la prensa.
La reacción institucional: entre el control de daños y la autocrítica ausente
Aunque tanto el gobierno federal como el capitalino han expresado solidaridad con las familias de las víctimas y activado apoyos psicológicos y legales, el caso ha mostrado las costuras de una administración compartida en la que ninguna instancia parece haber actuado con la diligencia que se esperaba. Claudia Sheinbaum destacó que la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, estuvo “desde el primer momento” al tanto del accidente, aunque las imágenes del evento y los testimonios de testigos muestran una reacción tardía en la suspensión.
Mientras tanto, el festival fue duramente criticado por mantener su programación durante varias horas posteriores al accidente. Aunque la suspensión oficial llegó eventualmente, quedó el mensaje de que la vida de los trabajadores de prensa puede ser prescindible ante la logística de un evento de entretenimiento.
Por su parte, la Fiscalía capitalina ya ha desplegado una serie de acciones que incluyen inspecciones físicas, peritajes, revisión documental y entrevistas a testigos. El objetivo: determinar quién falló, cómo falló, y por qué. Porque, como bien lo dijo Bertha Alcalde, esclarecer este caso no sólo es un deber hacia las víctimas directas, sino hacia todo asistente que confía su vida en espacios de recreación cuya seguridad debería ser garantizada por contrato y por ley.
En la era del entretenimiento masivo, donde los festivales funcionan como industrias y escaparates culturales, la negligencia no puede seguir disfrazada de accidente ni la falta de supervisión ampararse en la burocracia compartida. Lo que sucedió en el Parque Bicentenario no sólo fue la caída de una estructura, sino el colapso de una red de responsabilidades diluidas.
