Con un voto unánime, el Congreso de Aguascalientes reformó su Constitución para proteger legalmente a la tauromaquia, la charrería y las peleas de gallos como patrimonio cultural del estado. La decisión, respaldada por todas las fuerzas políticas, convierte a Aguascalientes en el primer estado del país en blindar a nivel constitucional estas prácticas, colocándolas al mismo nivel que símbolos identitarios y pilares de su economía.
El proceso legislativo estuvo precedido por la autodenominada “Gran Marcha por la Libertad”, una movilización masiva que reunió a toreros, charros, galleros, comerciantes y miembros de la sociedad civil, quienes recorrieron las principales avenidas de la ciudad para exigir que sus tradiciones fueran reconocidas y protegidas. Las consignas, como “Vive libre” y “Sí a los toros”, reflejaron un discurso que funde cultura con libertad y resistencia ante lo que consideran amenazas externas a su identidad regional.
El argumento central de los legisladores fue que estas festividades no solo representan tradiciones centenarias, sino que también son un motor económico irremplazable. La Feria Nacional de San Marcos, el mayor escaparate de estas expresiones culturales, genera una derrama económica estimada en 9 mil millones de pesos, 12 mil empleos temporales y atrae a más de 8 millones de visitantes cada año. Según los diputados, prohibir o limitar estas prácticas equivaldría a erosionar la economía local y romper un vínculo histórico que da cohesión social a la entidad.
Aunque la tauromaquia y eventos afines ya contaban con declaratorias de patrimonio cultural inmaterial en el estado —y en otros ocho del país—, la reforma constitucional representa una capa adicional de protección jurídica. Es un mensaje político claro: las prácticas serán defendidas, incluso ante posibles intentos de regulación o prohibición impulsados desde instancias federales o por grupos animalistas.
La medida ha sido promovida como una defensa de la diversidad cultural, pero también levanta cuestionamientos éticos en un país donde crece el debate sobre los derechos de los animales y el papel del Estado en la regulación de espectáculos que implican violencia. No obstante, el Congreso local optó por priorizar el arraigo simbólico y la fuerza económica de estas actividades por encima de las críticas, legitimando la permanencia de estas expresiones por vía constitucional.
Más allá del marco legal, el blindaje a estas prácticas revela un pulso político-cultural donde tradición y progreso compiten por el espacio público. Aguascalientes eligió su bando y lo hizo con tinta indeleble en su carta magna.
