Miguel Ángel Anaya Castillo, periodista independiente y fundador del medio Pánuco Online, está desaparecido desde el 13 de abril en el municipio de Pánuco, Veracruz. Su caso no es una excepción: es un nuevo golpe a la libertad de expresión en una de las regiones más peligrosas del país para ejercer el periodismo.
La organización Artículo 19 fue la primera en advertir la gravedad del caso. Desde días antes de la denuncia oficial, las publicaciones de Pánuco Online comenzaron a ser eliminadas. Hoy, su sitio web y su página de Facebook están vacíos. No se trata de una simple coincidencia: es un acto de censura directa, ejecutado en medio de la desaparición de su director.
Miguel Anaya había alertado desde febrero sobre actos de intimidación. Sujetos desconocidos llegaron a su casa y, frente a un familiar, exigieron que saliera “a recibir un mensaje de parte del presidente municipal”. Él los observó por la ventana y decidió no salir. Sospechaba que estaban armados. Llamó al 911. Los agresores se fueron al ver llegar a la patrulla. Nadie fue detenido. Nadie investigó.
Este intento de intimidación ocurrió después de que el periodista cubriera una manifestación ciudadana contra un relleno sanitario impulsado por el gobierno local. La desaparición de Miguel no puede desligarse de este contexto: lo amenazaron por informar, lo desaparecieron por ejercer su labor.
La Comisión Estatal de Búsqueda activó la ficha oficial. Miguel tiene 31 años, piel morena clara, cabello rizado, perforaciones en las orejas y un lunar en el labio superior. La Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) confirmó su desaparición y activó los protocolos en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública.
Pero el tiempo sigue corriendo. Las investigaciones son tardías y la acción institucional ha sido limitada. La comunidad periodística y la sociedad civil exigen respuestas, no comunicados. Exigen resultados, no promesas vacías.
Artículo 19 pidió que el gobierno de Veracruz, junto con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, activen de inmediato el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas. No basta con expresar preocupación: se necesita una intervención inmediata, decidida y contundente.
La desaparición de Miguel Anaya no solo representa una tragedia personal y familiar. Es una afrenta a la democracia, a la libertad de prensa y al derecho de una comunidad a saber lo que ocurre en su entorno. Callar a un periodista es intentar borrar la verdad. Y eso es inaceptable.
