Cosas veredes
“La Pona”, primeras conclusiones
A diez días de la irrupción de maquinaria en la mezquitera de “La Pona”, del inicio de la resistencia civil pacífica por parte de las organizaciones ambientalistas para la defensa del bosque, una vez que la autoridad federal a través de la PROFEPA ha clausurado formalmente las acciones de deforestación y urbanización en el predio, y que el gobierno del estado se ha pronunciado por la recuperación y conservación de la totalidad del predio, bien podemos ya extraer algunas conclusiones derivadas de ese asunto que compete al conjunto de la sociedad aguascalentense, no solo a autoridades y propietarios.
Una primera conclusión que podemos obtener es que la sociedad civil no es una entelequia metafísica: tiene existencia material en Aguascalientes y aunque aún no tiene una fuerza y presencia como en las democracias maduras y consolidadas, desde fines del siglo pasado se hace presente en nuestro estado a través de organizaciones diversas que promueven desde la observación de políticas y gestión pública hasta la defensa de derechos ciudadanos, desde el acceso de grupos vulnerables a la justicia hasta la defensa ambiental, pasando por la autogestión de necesidades e intereses comunes, casi siempre al margen de los gobiernos y partidos políticos de cualquier orientación ideológica. Hemos tenido muchos ejemplos en los últimos 30 años: clubes de servicio, grupos de autoayuda y hasta las organizaciones promotoras y defensoras de intereses civiles. En La Pona tuvimos una evidencia de ello: las organizaciones ambientalistas resistieron toda clase de presiones en los últimos veinte años y hoy han logrado una importante victoria social y cultural cuando estamos ante la perspectiva de recuperar ese legendario bosque urbano. Tal vez en otro tiempo la indiferencia o la pasividad se hubieran impuesto, y con ello la devastación del último pulmón de la ciudad como sucedió no hace mucho con el único balneario de la ciudad que terminó sustituido por una enorme plancha de concreto.
Las organizaciones de la sociedad civil de Aguascalientes han venido evolucionando, y de la lucha contestaria han avanzado a la propuesta de políticas públicas. Algunas han venido logrando interlocución con la autoridad no solo para coadyuvar, sino también para implementar programas y acciones de alto impacto social.
Una segunda conclusión que, aunque parezca obvia no deja de ser importante, es que las políticas ambientales y de desarrollo urbano ya no pueden ser discrecionales ni caprichosas. No es admisible ni justificable que prosiga avanzando la lógica de la depredación por la inercia de la especulación y la permisividad de la autoridad ante el deterioro del medio ambiente y la generación de fenómenos como la segregación social y la urbanización irracional. El tema de La Pona nos llama a que desde ya se atienda la protección del bosque de Cobos, amenazado ya por la contaminación y el crecimiento urbano. Y también, antes de que sea demasiado tarde, del cerro de El Picacho que ha sido víctima de la lenta pero inexorable invasión de construcciones ante la incomprensible pasividad de las autoridades.
Una tercera conclusión que podemos obtener, sobre todo a partir del trato que se ha dado a las OSC ambientalistas defensoras de la mezquitera de La Pona, es la necesidad de desarrollar formas de gobierno más abiertas, democráticas y participativas, lo que se ha denominado nueva gobernanza democrática. Pues no basta que las instituciones o autoridades tomen decisiones desde sus posiciones, incluso las que pueden considerarse acertadas, sino que éstas sean procesadas, articuladas y hasta implementadas con los ciudadanos y sus organizaciones. Las posiciones de poder y de gobierno no son ni deben ser botín de nadie, y siempre será mejor que las políticas públicas se generen y desarrollen con transparencia y rendición de cuentas con total apertura y apego a la ley.
Llama la atención que por una parte las autoridades federales, del estado y hasta del municipio han dado la razón a “Salvemos La Pona AC”, y que hoy se perciba un consenso social muy avanzado en la necesidad de rescatar, preservar y restaurar la mezquitera. Y mientras el campamento de resistencia civil pacífica recibe día a día la solidaridad moral y material de la sociedad aguascalentense, de parte de las autoridades solo se haya recibido la advertencia de que las y los dirigentes del movimiento pueden ser procesados penalmente por denuncia de la empresa inmobiliaria que pretendía urbanizar La Pona. Pero no han sido llamados ni siquiera para conocer sus demandas, ni las propuestas de las autoridades acerca de los procedimientos para rescatar la mezquitera. De cualquier manera, los mecanismos que se decidan utilizar, serán sometidos al debate y escrutinio público e institucional.
A estas alturas de nuestra historia y del desarrollo político de nuestro estado, suponer que no es necesario respetar la independencia de las OSC, dialogar, acordar con ellas o apoyar sus causas sin buscar intereses políticos, sencillamente es un pensamiento erróneo y un despropósito, pues en todos los procesos sociales y políticos, la sociedad civil y los ciudadanos siempre terminan siendo más fuertes que los aparatos corporativos.
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@gilbertocarloso
