Desde hace ya algunos años, a partir de la quiebra de instituciones financieras estadounidenses en el año 2008, hemos conocido los efectos negativos, también financieros, en instituciones gubernamentales, particularmente europeas; es una primera crisis de magnitudes globales que se inicia en los espacios financieros de la economía, y no en los industriales y comerciales, no obstante que, de manera entendible, también recibieron su repercusión.
Comentaristas económicos han señalado, en ocasiones, que los gobiernos de algunos países europeos no siguieron los consejos financieros que el Fondo Monetario Internacional hiciera a los gobiernos de naciones latinoamericanas, en décadas pasadas; estos países, dicen esos comentaristas, son los que ahora se han convertido en apoyo económico para los países europeos.
En los años 2009 y 2010 nuestra economía resintió los efectos de los efectos de la economía estadounidense; la explicación dada ha sido que nuestra economía está estrechamente articulada a la economía vecina. Dado el equilibrio financiero que ha tenido el gobierno federal, la crisis no le llegó a sus finanzas.
Sin embargo, algunos gobiernos estatales y municipales de nuestro país, sí han caído en crisis financieras que hoy ya significan una alerta para la sanidad financiera nacional; es una circunstancia que desde hace meses está siendo atendida, y que el nuevo gobierno de la república está dispuesto a solucionar.
El estudio de las actuales crisis financieras de gobiernos está siendo objeto de interesantes comentarios, que poco a poco nos llevarán a una mejor claridad en su comprensión, y, consecuentemente, en sus soluciones; considero que cuando hablamos de estas crisis, no siempre lo hacemos con una explicación suficiente.
En su interesante artículo “De Keynes a Roosevelt: reparar el mal” (La Jornada, 2 Enero), Alejandro Nadal considera que “las políticas de austeridad que hoy se aplican en Europa son la antítesis de esta visión (la teoría de la demanda efectiva de Keynes) y representan el regreso a una ortodoxia que niega la realidad”. Empero, considero que estas crisis son diferentes, ya que quien está en problemas, en cierta forma, no es la economía, sino las finanzas públicas de los gobiernos.
Señala Nadal, lo que me parece atinado, que el estado de bienestar sufre consecuencias delicadas, ya que está directamente ligado –valga la redundancia- al bienestar de la población; efectivamente, la economía de nuestros países se mueve apoyada por los beneficios que otorgan los programas sociales de gobierno, y que cuando los gobiernos entran en desequilibrios financieros, la propensión natural es recortar dichos programas, afectando y reduciendo, precisamente, el estado de bienestar-.
En el panorama actual, a reserva de continuar dilucidando las presentes crisis financieras de los gobiernos, son éstas las que están sobrecargando las economías, ya que requieren urgentemente de más y más recursos; es decir, ante padrones tributarios cautivos y economías informales en crecimiento (incluida la ineficiente regulación bancaria y de valores) –asuntos todavía no resueltos suficientemente en nuestro país-, los gobiernos transfieren a las economías sus crisis financieras.
En este tenor, Ignacio Ruelas Ávila y Alain Izquierdo Reyes, en un excelente artículo titulado “La deuda pública en las entidades federativas: motivo de bullying fiscal” (LJA, 3 enero), señalan que “en los fenómenos financieros, hoy en día mandan los mercados y no el Estado… En México, las entidades federativas (y municipios) hicieron lo propio” y se han sobreendeudado. Continúan “la deuda pública no es mala… debe usarse para satisfacer necesidades de la ciudadanía que son imposibles de cubrir con recursos propios”. Éste es un importante punto a considerar.
Es útil recordar lo que determina la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes en su artículo 8, fracción III: “Los Financiamientos se destinarán invariablemente a inversiones públicas socio-económicamente productivas o recuperables”; además, en la fracción V dice “en todos los casos se procurará el mantenimiento de un equilibrio financiero…”. En el artículo 9 determina lo que entiende por inversiones públicas socio-económicamente productivas o recuperables, y en su fracción final manda que la población beneficiada realice, de regreso por la obra recibida, una aportación.
El estado de bienestar va por un lado, de manera necesaria e indispensable, y el desorden financiero va por otro; las crisis financieras de los gobiernos se generan, exactamente, por llevar a cabo gastos de manera desordena y desequilibrada, y, en ocasiones, hasta con fines distintos a lo que es propiamente el estado de bienestar, teniendo que endeudarse.
Es oportuno, finalmente, traer a colación las declaraciones de Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para entender un poco más las crisis financieras de gobiernos, cuando llama a los gobiernos municipales y estatales a tomar medidas: “tienen que poner orden en sus finanzas, tienen que hacer los ajustes correspondientes, tener mejor recaudación y disminuir las partidas de gasto. Son municipios y estados que claramente han excedido su propia capacidad financiera” (Reforma, 8 de enero); es la respuesta de la SHCP a gobiernos municipales y estatales que tienen crisis financiera y que, desde hace meses, están presionando para que el gobierno federal haga un “rescate” de sus finanzas públicas. En la misma nota señala la dependencia que “implementar un rescate tiene el objetivo contrario, debilitando la estructura de incentivos de los gobiernos locales para ser responsables con sus finanzas”.
En Aguascalientes parece ser tradición que, cada año, el gobierno del Estado tenga que rescatar, en cierta manera, las finanzas de municipios; cuando el gobierno actual dice que “los recursos no utilizados por los municipios deberán ser devueltos en obras públicas” (LJA 9 enero), nos permite apreciar, o que la manera cómo solicitan el apoyo, o la manera cómo es otorgado, está enmarcada, de alguna forma, en un determinado desorden en uno y en otro lados, porque pareciera que ni planearon bien ni justificaron con suficiencia el recurso.
La sanidad financiera es fundamental y obligada; los esfuerzos que están haciendo el legislativo y el ejecutivo federales deben llevar y llegar a buenos resultados.
