En un país donde el sistema judicial debería representar imparcialidad y ética, el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha visto obligado a establecer un mecanismo de vigilancia ciudadana para evitar que perfiles con antecedentes de violencia, deudas alimentarias o vínculos con el crimen organizado accedan a cargos dentro del Poder Judicial.
A través de un micrositio llamado “Información Ciudadana 8 de 8”, el INE permite que cualquier persona u organización de la sociedad civil reporte candidaturas al proceso extraordinario 2024-2025 que no cumplan con el requisito constitucional “8 de 8 contra la violencia”. Este principio busca impedir que personas con sentencia firme por delitos graves ocupen posiciones clave como jueces, magistrados o ministros.
Entre los delitos que se consideran para la inhabilitación se encuentran agresiones contra la vida, la libertad sexual, la integridad física o el desarrollo psicosexual; también se incluye la violencia familiar y la política en razón de género, la violación a la intimidad sexual, así como el ser deudor alimentario moroso o prófugo de la justicia. Además, aquellos con pérdida de derechos político-electorales por sentencia ejecutoriada también quedarían fuera del proceso.
La plataforma, ubicada dentro del portal oficial del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF 2024-2025), permite llenar un formulario donde se especifica el nombre del aspirante, el cargo al que se postula, el delito relacionado, la entidad, el lugar de los hechos y —opcionalmente— información como número de expediente o sentencia. Estos datos pueden ser acompañados por evidencia documental.
La iniciativa se lanza tras reportes mediáticos sobre al menos seis candidaturas cuestionadas por presuntos vínculos con el crimen organizado y otros antecedentes graves. El INE aclara que los reportes deberán sustentarse con elementos verificables. No basta con una sospecha: se exige información documental o sentencia firme.
Un grupo interdisciplinario encabezado por la Secretaría Ejecutiva del INE será el encargado de analizar los casos. Este grupo incluye a las unidades técnicas de Igualdad de Género, lo Contencioso Electoral, Servicios de Informática, así como a direcciones de Asuntos Jurídicos, Prerrogativas, y el Registro Federal de Electores. Además, contará con apoyo de los consejos distritales y locales.
En caso de detectarse elementos de inhabilitación, el INE notificará a la persona candidata —por correo electrónico o de manera presencial— y le concederá un plazo de tres días naturales para presentar pruebas y desvirtuar los señalamientos. Este mecanismo garantiza el derecho de audiencia, conforme al artículo 38 constitucional y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El proceso de recopilación y análisis de información ciudadana permanecerá abierto hasta la asignación final de los cargos. El primer corte de hallazgos se publicará el 12 de mayo de 2025. Si bien la medida busca transparencia y prevención, también pone sobre la mesa una realidad incómoda: que las instituciones responsables de seleccionar a quienes impartirán justicia requieren de filtros ciudadanos para evitar que perfiles cuestionables accedan al poder.
Más allá de tecnicismos legales y plataformas digitales, el mensaje es claro: la ciudadanía ya no confía ciegamente en las estructuras institucionales. Que sea el propio INE quien habilite este canal de denuncia ciudadana no sólo representa una apertura democrática, sino también una señal de alerta sobre la fragilidad ética de los procesos de selección de quienes deberán garantizar la ley.
