La justicia estadounidense encontró en Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, una ficha clave en su tablero contra el narcotráfico. Extraditado desde México en septiembre de 2023 y procesado en Chicago, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha decidido aceptar su culpabilidad como parte de un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois. El pacto, según documentos judiciales y reportes periodísticos, no sólo le permitiría evitar la cadena perpetua, sino que lo convertiría en testigo cooperante, una figura recurrente pero explosiva en los procesos contra las redes criminales mexicanas.
La audiencia donde se formalizará su declaración está programada para el 9 de julio de 2025, tras haber sido cancelada la cita previa del 12 de mayo. El Departamento de Justicia deberá entregar a la Corte una copia del acuerdo al menos tres días antes, lo que confirma que la negociación ya está cerrada. A cambio de información relevante, Ovidio podría recibir una pena reducida de entre 5 y 7 años de prisión.
El giro no sorprende a quienes siguen de cerca los juicios relacionados con el Cártel de Sinaloa. Desde el año pasado, su abogado, Jeffrey Lichtman (el mismo que representó a su padre y a su hermano Joaquín Guzmán López), dejó entrever que estaban en pláticas con los fiscales. La lógica detrás del acuerdo parece simple: Ovidio aporta información sobre redes de tráfico de drogas, estructuras del Cártel, y —posiblemente lo más delicado— vínculos con fuerzas militares, políticos y funcionarios públicos tanto en México como en Estados Unidos.
Aunque aún no se conocen los términos completos del trato, todo apunta a que su testimonio se usará para ampliar cargos contra otros miembros de “Los Chapitos”, facción liderada junto a sus hermanos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán López. Esta línea también podría extenderse hacia otros capos como Ismael “El Mayo” Zambada y Dámaso López Núñez, así como a operadores aún activos del narco que gozan de impunidad política y judicial.
“El Ratón” enfrenta cargos acumulados desde 2008: distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana en EE.UU., lavado de dinero, posesión de armas, e incluso conspiración para traficar fentanilo, por lo que también fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York. Pese a este amplio historial, ahora podría convertirse en pieza útil para los fiscales a cambio de una celda menos severa y un eventual cambio de identidad como testigo protegido.
El acuerdo de Ovidio también reactiva las sospechas sobre la capacidad del Estado mexicano para enfrentar a los grupos criminales. Fue capturado en dos ocasiones: en 2019, cuando el gobierno de López Obrador optó por liberarlo tras el violento “Culiacanazo”, y en 2023, cuando fue asegurado tras una nueva ofensiva de su facción. En ambos casos, el poder del Cártel fue tan evidente como la fragilidad institucional del aparato de seguridad nacional.
Con este pacto, el gobierno estadounidense da un paso más en su estrategia de juicios pactados, que privilegian la colaboración de los grandes capos por encima de juicios largos y mediáticos. Pero también refuerza el patrón de impunidad negociada: líderes del narco que aceptan su culpa no como acto de arrepentimiento, sino como movimiento estratégico que les garantiza beneficios penitenciarios y protección futura.
Habrá que esperar al 9 de julio para conocer si el Departamento de Justicia confirma a “El Ratón” como testigo cooperante. Pero el mensaje ya está lanzado: en la guerra contra el narco, hablar puede salir más barato que callar, incluso para un Guzmán.
