El gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de un operativo nacional impulsado por el Infonavit y la Secretaría de Bienestar, intenta poner orden en uno de los frentes más delicados del derecho a la vivienda: las 933 mil propiedades en situación crítica, muchas de ellas producto de negligencia, corrupción institucional y abandono sistemático. La tarea no es menor, pero busca transformar un paisaje de juicios amañados, casas vandalizadas y ocupaciones informales en un esquema legal, justo y operativo.
El diagnóstico es contundente: 131 mil viviendas están atrapadas en juicios masivos, 216 mil fueron adjudicadas sin haberse escriturado, y casi medio millón presenta adeudos excesivos. A ello se suman 89 mil inmuebles bajo el sistema FOVISSSTE que enfrentan problemáticas similares. El Estado de México, Puebla y Chihuahua concentran gran parte de estas viviendas, con más de 14 mil casos censados solo entre estos tres estados.
Las irregularidades documentadas han desnudado redes de corrupción que incluyen a despachos legales, constructoras y exfuncionarios. Algunos casos revelan juicios realizados en estados donde los derechohabientes ni siquiera residen, impidiéndoles defenderse y resultando en despojos legales sin aviso previo. También se reportan múltiples ventas de una misma propiedad y adjudicaciones sin que jamás se haya entregado la vivienda pagada.
Ante este panorama, el gobierno ha puesto en marcha un censo nacional, que ya registra más de 47 mil 800 viviendas visitadas. El 87% están habitadas y el 13% desocupadas. Con esta información, el programa Vivienda para el Bienestar plantea soluciones diferenciadas según el estatus del inmueble: si está ocupado por el acreditado, se aplicará reestructuración del crédito con beneficios como congelamiento de saldo, reducción de tasa y ajustes en mensualidades. Si está ocupado por terceros, se ofrecerá un esquema de arrendamiento social con opción a compra. En casos de viviendas vandalizadas o abandonadas, se plantea rehabilitarlas y colocarlas bajo ese mismo esquema.
Claudia Sheinbaum ha enfatizado que el programa busca evitar despojos injustificados, garantizando la continuidad del derecho a la vivienda, incluso en situaciones de ocupación informal si las familias son vulnerables. “Queremos que la vivienda sea un derecho y no una incertidumbre para quienes han pagado por ella”, afirmó.
A la par, el Infonavit ya trabaja en reestructurar más de 4 millones de créditos impagables, de los cuales 240 mil recibirán beneficios inmediatos en mayo, y 500 mil más tendrán reducción de tasa de interés a partir de junio. El objetivo es detener la sangría financiera para miles de familias atrapadas en créditos imposibles de pagar.
El programa también contempla acciones estructurales: para 2025 se proyecta la construcción de 186 mil nuevas viviendas, la entrega de 300 mil créditos para mejoramiento del hogar y la formalización de 120 mil escrituras. Estas acciones, según Sedatu, beneficiarán a más de 2.1 millones de personas y generarán hasta 1.7 millones de empleos en el sector.
En paralelo, el gobierno ha lanzado alertas públicas para evitar fraudes. Se han detectado falsos gestores que ofrecen tramitar apoyos del programa de vivienda cobrando comisiones ilegales. Sedatu insiste en que toda la información oficial debe consultarse en las páginas del Infonavit, Conavi y Fovissste, y ha llamado a denunciar a quienes lucren con la desesperación de las familias.
En suma, el programa no solo busca corregir el pasado, sino sentar nuevas bases para una política de vivienda con enfoque social, legalidad y corresponsabilidad. El reto no solo es logístico o financiero, sino ético: devolver la vivienda a su lugar como derecho humano, no como botín de coyotes y burócratas.
