- La reciente reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ha generado inquietud entre el sector empresarial, particularmente por el artículo 29, segundo párrafo, el cual establece que, en caso de ausencias laborales, la responsabilidad del pago del crédito de vivienda ya no recaerá sobre el trabajador, sino sobre el patrón, al menos durante los primeros seis meses de incapacidad.
Ángel Palacios Salas, vicepresidente ejecutivo del Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes (CEEA), reconoció que, si bien la medida ya es ley, implica un impacto económico: “Estamos solidariamente obligados a cumplir. No hay más. Ya es ley y debemos darle para adelante y ser solidarios con los trabajadores”, afirmó. Añadió que, aunque hay afectaciones, el compromiso con la sociedad y los colaboradores debe prevalecer.
Por su parte, Erika Muñoz, presidenta de CANACINTRA Aguascalientes, hizo un llamado a revisar la carga que implica esta nueva disposición, sobre todo para las micro y pequeñas empresas. “Una micro o pequeña empresa cargarle seis meses de pago a un trabajador que no esté produciendo, la verdad sí es mucho”, advirtió. También pidió que se generen espacios de diálogo real entre los sectores productivos y los tres niveles de gobierno para encontrar soluciones equitativas que garanticen tanto el bienestar de los trabajadores como la viabilidad de las empresas.
Además, Muñoz vinculó esta reforma con otros desafíos que enfrentan actualmente los empleadores, como la inminente reducción de la jornada laboral. Señaló que es indispensable considerar la voz del sector empresarial en estas decisiones: “Estamos a favor de todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones laborales, pero deben existir mesas reales de trabajo donde podamos expresar los grandes retos que implica mantener una empresa abierta en este entorno económico”, puntualizó.
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Desde la perspectiva del INFONAVIT, su delegada en Aguascalientes, Sindy González Ruvalcaba, explicó que la reforma contempla mecanismos de apoyo para no afectar de manera desproporcionada a los patrones: “Esta obligación se restringe a seis meses. Se puede dar prórroga a los trabajadores o llegar a convenios donde la aportación no sea la misma. Además, se analiza que después de los seis meses, el IMSS cubra el pago”, aseguró.
En ese sentido, Roberto Díaz Ruiz, presidente del CEEA, señaló que este tipo de acercamientos con las nuevas autoridades del INFONAVIT son fundamentales para despejar dudas e impulsar propuestas que verdaderamente beneficien al trabajador. “Nuestro principal activo no son las instalaciones ni la maquinaria, son los trabajadores”, sostuvo. También manifestó su respaldo a la nueva visión del programa de vivienda social federal, siempre que se garantice calidad y funcionalidad. “Yo siempre estuve en desacuerdo con que se ofrecieran casas de 42 metros. Eso no es digno. Una vivienda debe tener al menos entre 80 y 100 metros cuadrados, idealmente 120 o 150, y debe estar bien diseñada. Porque de lo contrario, lo que se vive ahí es promiscuidad”, advirtió.
La reforma también busca facilitar el acceso a una vivienda digna para sectores tradicionalmente vulnerables como mujeres jefas de familia, migrantes y adultos mayores. No obstante, los empresarios subrayan que estas medidas deben ir acompañadas de una estrategia que permita mantener la formalidad y evitar la sobrecarga de quienes generan empleo.
