Mientras miles de mexicanos enfrentan escasez de agua, en Valle de Bravo se descubrió una red de extracción ilegal del recurso vital que además está provocando una crisis ecológica grave.
A través de inversiones millonarias, empresarios ligados a Grupo México con fuertes vínculos políticos con Semarnat construyeron presas privadas dentro de un área natural protegida.
¿Quiénes están detrás?
El caso apuntaría directamente a Germán Larrea, uno de los empresarios más ricos de México y cabeza de Grupo México, compañía con un largo historial de controversias ambientales. Según información oficial, al menos 400 predios en el municipio de Valle de Bravo están bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una red de apropiación ilegal de agua.
Pero Larrea no estaría solo. Se ha rumorado que el caso también tiene que ver con nexos entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y personajes como Julio Scherer, influyente abogado con vínculos cercanos a Rodrigo Morales, jefe de oficina de Alicia Bárcena, titular de Semarnat.
¿Qué ocurrió en Valle de Bravo?
En abril de 2025, la FGR, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional, ejecutó un operativo en Mesa Rica, una localidad de Valle de Bravo. ¿El resultado? El aseguramiento de 10 presas ilegales construidas sin autorización en una zona natural protegida.
Por otro lado, El Sol de Toluca menciona que “también fueron incautados 27 vehículos encontrados dentro de la propiedad, cuya función o relación con las actividades investigadas será determinada conforme avance la investigación”
Estas presas captaban agua de manera ilícita para su uso privado, provocando un desequilibrio ecológico grave y la afectación directa al ecosistema del lugar. El terreno había sido alterado con remoción de tierra, desviación de cauces y construcción de lagos artificiales.
El daño ambiental
Según La Jornada, las presas ilegales han afectado directamente los niveles de la presa Miguel Alemán, uno de los vasos reguladores del Sistema Cutzamala, que abastece de agua potable a millones de personas en la Ciudad de México y el Estado de México.
Actualmente, la Comisión Nacional del Agua informa que este sistema se encuentra por debajo del 50% de su capacidad. La zona afectada es parte del Santuario del Agua, una región reconocida como área natural protegida por su importancia para la recarga hídrica y biodiversidad.
Las comunidades, las primeras víctimas
La alerta sobre esta red de extracción ilegal no surgió del gobierno, sino de vecinos organizados de las comunidades de Mesa Rica y La Huerta, quienes desde 2024 comenzaron a notar movimientos extraños: maquinaria pesada, desvíos de ríos, y alteración del paisaje.
Preocupados por los posibles daños, solicitaron información a las autoridades ambientales. La respuesta fue contundente: no existía ningún permiso para las obras. A pesar de ello, la construcción continuó sin freno, ante el silencio institucional.
¿Ahora qué?
El caso expone una de las mayores deudas de la sociedad mexicana: la impunidad estructural que protege a los ricos y poderosos. Germán Larrea no es cualquier empresario: es uno de los hombres más influyentes del país, con relaciones cercanas al poder político y económico.
Con la intervención del gobierno federal pendiente, mo basta con asegurar las presas; se necesita justicia, reparación y sanción ejemplar a los responsables del daño ecológico y hacía las comunidades locales.
Cabe señalar que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente ha anunciado que presentará las denuncias correspondientes para ampliar las investigaciones y deslindar responsabilidades en este caso.
