Mientras la industria turística presume cifras récord de cruceros y visitantes en Cozumel —más de 4.6 millones en 2024—, en el fondo del mar, literalmente, crece una protesta. Buceadores, pescadores, colectivos ambientales y ciudadanos han transformado los arrecifes en trincheras contra un proyecto que, aunque oficialmente “no autorizado”, ya cuenta con concesiones y estudios en marcha: el polémico cuarto muelle de cruceros.
La iniciativa, impulsada por SSA Marine México y Muelles del Caribe, plantea expandir la capacidad portuaria de la isla con una inversión de 44 millones de dólares. El proyecto incluiría no solo el nuevo muelle, sino también un club de playa privado —Cabo Mantarraya— y la ampliación del muelle SSA, el más antiguo de la isla. El problema no es solo logístico ni estético: el lugar elegido coincide con uno de los pocos accesos públicos al mar y, sobre todo, con el arrecife Villablanca, un ecosistema vital que no forma parte del parque marino protegido, pero sí del sustento de buzos, guías turísticos y nadadores locales.
Las movilizaciones han sido tan diversas como persistentes: manifestaciones en tierra y mar, protestas bajo el agua, cartas a las autoridades, recolección de firmas (con más de 150 mil apoyos en Change.org), y demandas judiciales que han sido desechadas por jueces bajo el argumento de que no hay daño directo a personas. La presidenta de la organización CIMAC, Nohemí Guadalupe Martín Cab, explica que se trata de un arrecife popular, accesible sin embarcaciones, y clave para la economía local no formal. “Ese arrecife es el último que nos queda”, advierte.
Los activistas no están solos. A la protesta se han sumado personajes como el abogado Carlos Odriozola Mariscal, candidato a ministro de la Suprema Corte, quien ha acompañado legalmente a los colectivos desde 2023 y denuncia que el proyecto viola derechos fundamentales como la legalidad, el acceso a información y un medio ambiente sano. Aunque el 26 de febrero se perdió un amparo contra la aprobación del proyecto, las organizaciones esperan que aún haya posibilidad de frenar el avance cuando se tramiten permisos clave para construir en tierra firme.
Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que el proyecto no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) necesaria, y que avanzar sin ella sería ilegal. No obstante, la obra ya tiene una concesión expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2022 y un resolutivo ambiental favorable otorgado por Semarnat en el sexenio anterior. Es decir, jurídicamente el terreno ya fue abonado.
La oposición ciudadana no es únicamente ecológica, sino también social: denuncian que la expansión portuaria está pensada para una industria turística que excluye a la comunidad local. En palabras del colectivo Isla Cozumel, “los turistas de cruceros consumen dentro del barco y dejan poco en la isla”. Estudios como los del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) han advertido que el turismo masivo de cruceros puede dañar irreversiblemente los ecosistemas si no se aplica una regulación estricta.
En medio de esta tensión, algunos lugareños señalan que no se trata de oponerse al desarrollo, sino de exigir un modelo distinto. Lo que está en juego no es solo un arrecife, sino el acceso al mar, a la vista del horizonte y a una economía sustentada en el respeto al entorno. Como lo resumió un buzo del colectivo Sélvame del Tren durante la protesta subacuática: “Ahí hay vida. Nosotros defendemos con lo que tenemos al alcance”.
La batalla por Cozumel aún no se decide. Pero mientras las plataformas de exploración avanzan y los permisos se acumulan, del otro lado también se alzan recursos, protestas y corales como trincheras. Porque en el Caribe mexicano, el mar también es territorio de resistencia.
