La justicia en una caja
“Y es que para distinguir
una ley buena de otra mala
tenemos una regla solamente:
la naturaleza”
Cicerón.
Este 1º de junio del 2025 se llevaron a cabo las primeras elecciones de ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial Federal, y en el caso de Aguascalientes, también del Poder Judicial del Estado. En un evento histórico, se determinó que por primera vez las personas juzgadoras serían electas por voto popular. Esta medida, promovida como una vía hacia la democratización del sistema de justicia, ha generado un debate legítimo y necesario sobre su idoneidad, su impacto y sus posibles consecuencias.
Desde el discurso oficial, se ha planteado que la anterior forma de impartir justicia, emanada del neoliberalismo, estaba llena de vicios, como el nepotismo y la lejanía de las personas juzgadoras con la sociedad. Estos argumentos, si bien no representan una situación absoluta, se reconoce que bastante de razón hay en ellos; por otra parte, el planteamiento del gobierno establece que este nuevo procedimiento permitirá una justicia más cercana a la población, más sensible a sus demandas y menos susceptible a los intereses de élites políticas o económicas. Sin embargo, no se han dado mayores argumentos ni estrategias que expliquen cómo con la reforma realizada se llegará a dichos objetivos.
No obstante, se pueden identificar varias razones por las que este procedimiento, lejos de fortalecer la impartición de justicia, podría debilitarla.
En primer lugar, no se realizó una discusión pública amplia y técnica que le permita a la población comprender a profundidad los alcances de este cambio estructural. A casi nadie se le ha dado voz: ni a quienes están en el propio Poder Judicial, ni a las personas abogadas, ni facilitadoras, ni a la población, que es a quien le afectan directamente las consecuencias de las sentencias legales.
En un sistema donde la justicia debe regirse por principios de imparcialidad, profesionalismo y legalidad, someter a las personas juzgadoras al escrutinio popular sin los debidos filtros técnicos -analizados y verificados a profundidad- podría derivar en nombramientos basados sólo en la popularidad, la simpatía o en el respaldo partidista, en lugar de tomar en cuenta méritos jurídicos y trayectoria ética.
La inquietud por los efectos de la voluntad popular sobre la justicia no es nueva. Ya en la antigua Roma, Marco Tulio Cicerón advertía sobre los peligros de subordinar el derecho a la opinión de la mayoría. En su obra De legibus, escribió:
“Si los mandatos de los pueblos, los decretos de los imperantes, las sentencias de los jueces fundasen el derecho, de derecho sería el robo, el adulterio, el falso testimonio, si en su apoyo tuviesen los votos o aprobación de la multitud […] Y es que para distinguir una ley buena de otra mala tenemos una regla solamente: la naturaleza”.
Esta reflexión resalta que la justicia, o mejor dicho, la legalidad, debe sostenerse en principios universales, no en los vaivenes de la opinión pública.
Algo que se ha venido repitiendo en las últimas semanas por los llamados detractores de la reforma: “La justicia no debe ser popular, debe ser legal”. Desde esta perspectiva, la justicia no se construye solamente con armar un Poder Judicial obtenido por el voto popular -en muchas ocasiones, sin ningún sustento o conocimiento del tema- para el agrado de unos y el desagrado de otros, sino con el compromiso de garantizar procesos justos, equitativos y libres de sesgos. Sin embargo, hasta el momento el procedimiento no ha dejado claro cómo es que piensa cumplir con lo prometido.
Se suele pensar que el voto es la única herramienta de empoderamiento ciudadano. No obstante, en contextos donde la información es escasa y, además, manipulada; la desconfianza institucional alta, y las campañas orientadas más al espectáculo que al contenido, se corre el riesgo de trivializar funciones que exigen un alto grado de responsabilidad, especialización y autonomía. Por ello, cuesta trabajo pensar que el ejercicio electoral se mejore automáticamente la calidad de las sentencias, o que contribuya a una mayor eficiencia y rapidez en los procesos judiciales como por arte de magia.
Es preocupante que este ejercicio abra la puerta a la politización de la justicia, minando la separación de poderes y poniendo en riesgo su función como contrapeso institucional. Las y los jueces no deben responder a las mayorías políticas del momento sino a los principios constitucionales que garantizan los derechos humanos de todas las personas, la legalidad y justicia.
El enorme ausentismo en las urnas y la incertidumbre generalizada sobre la reforma judicial hacen improbable que esta elección fortalezca la imparcialidad, y que se pueda garantizar la independencia ni la calidad técnico-legal del Poder Judicial.
Los mexicanos merecemos un Poder Judicial que resuelva con eficiencia, imparcialidad y sensibilidad los conflictos que le son planteados. La justicia, para ser tal, debe estar guiada por la ley, sus principios y su hermenéutica, que ponga al centro un acceso a ella de forma efectiva, especialmente para las personas que han sido históricamente excluidas o desprotegidas por el sistema.
Democratizar no debe significar debilitar, sino por el contrario: fortalecer. Y votar no siempre podría implicar participar con sentido en la transformación profunda que el país necesita. El ejercicio de la participación ciudadana va más allá de copiar números de un acordeón en unas boletas que se depositarán en una caja transparente y que con ello se piense que se aporta significativamente a la justicia y a la legalidad. En realidad, el camino apenas ha comenzado, pero a dónde nos llevará es lo que resulta incierto.
Mediadora y Conciliadora Privada del Poder Judicial del Estado desde 2013.
Presidenta de la Red de Mediadores, Conciliadores y Facilitadores Certificados en Aguascalientes, A.C.
@CirculoArtemisaArteyCulturaparalaPaz
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